Finjus, derecho y JI

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) dio a conocer recientemente los resultados de un estudio que hizo en la Jurisdicción Inmobiliaria (JI). En cualquier otro país, donde se tenga una verdadera conciencia nacional sobre la importancia de la seguridad jurídica y del fortalecimiento institucional, ese informe hubiese creado un impacto económico y social tan grande que hasta el poder político estaría preocupado. Se podría afirmar, sin ánimo de estridencias, que a partir de ese momento el clima de gobernabilidad estaría en grave peligro.

Ciertamente, así sería.

FINJUS puso el dedo en la llaga con su investigación, y los males brotaron como si abriera la caja de Pandora. Hizo una acertada radiografía de las condiciones actuales de la JI y la dio a conocer con responsabilidad y profesionalidad.

Denunció que en la JI existe una mora judicial enorme; que los procesos se eterniza; que no se dan las respuestas correspondientes a la gran cantidad de expedientes que están entrando; que la falta de coordinación interinstitucional y la falta de recursos generan “…una amplia gama de efectos negativos.”

También FINJUS afirmó: “A pesar de que el derecho de propiedad juega un rol esencial en el desarrollo social y económico, que su eficiencia se encuentra directamente vinculada al funcionamiento general de su modelo de gobierno, en la actualidad existe una alta preocupación, debido al incorrecto funcionamiento y regulación que se observa en nuestro sistema de justicia inmobiliaria.”

Y, con un grito de alerta digno de encontrar oídos atentos y voluntades dispuestas, concluyó: “Nos exponemos a que en menos de 2 años colapse el sistema judicial inmobiliario. Si ese colapso se produjera, constituiría el más grave atentado a la seguridad jurídica y estabilidad económica que el país podría sufrir, con consecuencias catastróficas.”

Efectivamente, FINJUS tiene toda la razón en cada uno de los puntos que abordó sobre la caótica situación actual de la JI. Nadie puede alegar ignorancia del peligro que nos acecha.

Recordemos que la propiedad privada inmobiliaria representa el puntal esencial de la economía nacional. Toda la vida económica, de una forma u otra, se vincula o depende de ella. Basta con pensar en el turismo, en la producción agropecuaria, en las construcciones y en el mundo industrial y financiero, que dependen de la confianza que merezca el Certificado de Título. La economía se paralizaría si ese derecho de propiedad colapsa. Y una crisis económica genera inevitablemente una crisis social, que a su vez asciende a crisis política, con lo que se pone en peligro la gobernabilidad democrática y la paz social. Nada más grave.

El autor de esta columna, como Juez del Tribunal Superior de Tierras y por oficio remitido a la pasada Suprema Corte de Justicia, afirmó que, por el mal manejo que había, el Programa de Reforma y Modernización de la JI estaba condenado al fracaso. Lamentablemente, ese fracaso llegó.