Justicia y progreso

La administración de justicia, como potestad jurisdiccional del Estado que está delegada al Poder Judicial, es determinante para crear las condiciones económicas, sociales, políticas, jurídicas e institucionales que permitan el progreso de nuestro país. El que no entienda esa verdad, está más perdido que el hijo de Límber.

Sin una justicia pronta, eficiente y eficaz no hay posibilidad de que la sociedad tenga un marco de seguridad jurídica que genere confianza, ni se puede organizar decentemente. Y, sin esas condiciones, los inversionistas extranjeros no colocan sus capitales en nuestro mercado. Y cuando no pueden ausentarse totalmente, suelen hacer incursiones económicas pírricas, solo para evitar que los competidores ocupen las áreas que consideran vitales para sus corporaciones internacionales. Las grandes inversiones las destinan a los países que cuentan con una justicia confiable.

Y los capitalistas nacionales, en su mayoría, copian de los extranjeros. Tampoco arriesgan sus riquezas. Las inversiones que realizan se apoyan esencialmente en préstamos que suscriben con el sector financiero. Y procuran que el Estado haga sacrificios a su favor, ya sea con los impuestos o con grandes actuaciones para que ellos operen. Las fortunas que han acumulado son colocadas en bancos extranjeros. Se conforman con una baja rentabilidad, pero con seguridad. Y operan internamente con capitales ajenos. Así se manejan.

En esas condiciones no hay desarrollo económico. Y sin ese desarrollo, no puede haber ni progreso social, ni político, ni jurídico, ni institucional. Es el producto de un encadenamiento dialéctico ineludible.

George Washington, considerado como el primer presidente de los Estados Unidos de América, afirmó que el puntal esencial de la democracia es la justicia. Confucio dijo que donde hay justicia, ni siquiera hay hambre. ¡Cuánta verdad!
Pero en el país no habrá una buena justicia para todos si primero no tenemos jueces independientes, imparciales y objetivos.

La independencia debe ejercerse, por una parte, con relación a las influencias, líneas y órdenes a lo interno del Poder Judicial y, por otra parte, a lo externo frente a los factores reales de poder, tales como los políticos, empresarios, religiosos, militares, etc.

Los jueces solo deben obediencia al orden constitucional, primero y sobre todo, y a las normas adjetivas. Deberán decidir cada caso de que son apoderados, con la observación irrestricta de la tutela judicial efectiva, y de las pruebas aportadas por las partes litigantes.

Si los jueces no son independientes, entonces dictarán sentencias amañadas, negadoras del Derecho, para obedecer a órdenes superiores emanadas de la Judicatura o a presiones y prebendas de los poderosos de la sociedad.

La justicia y el progreso van de la mano, como la sombra y el cuerpo. Ni más ni menos.
Ahora bien, muchos poderosos son hipócritas, no desean la justicia. Quieren una ficción de justicia.