Constitución 2010

La puesta en vigencia de la nueva Constitución, a partir del recién pasado 26 de enero, representa un hecho favorable para la República Dominicana. Se puede afirmar que entramos al año 2010 con un buen paso institucional.

El Pacto Fundamental que rige actualmente a los dominicanos no es perfecto. Está muy lejos de serlo. La perfección no existe. Pero tenemos el instrumento jurídico y político que las condiciones sociológicas permitieron.

Comprender esa verdad no es conformismo. Es tener sentido de la realidad. Una cosa es lo que se quiere. Otra es lo que conviene. Y otra, muchas veces diferente y hasta contraria, es la que se puede lograr. Los que no han madurado en su pensamiento científico y social tendrán problemas serios para comprender ese aserto.

Es un garrafal error interpretar la coyuntura jurídico-política actual como la mejor. Y que por tanto podemos cruzarnos de brazos. O creer que no se puede mejorar. Esta conclusión sería penosa y hasta una rendición indigna.

Las circunstancias que crea la nueva Constitución imponen que apreciemos en su justo valor los beneficios que se derivan de ella. Así lograremos maximizarlos. Los podemos potencializar para alcanzar niveles más elevados en la protección y defensa de los derechos fundamentales, de la institucionalidad y la democracia.

Por ejemplo, esta Carta Magna contiene un catálogo de derechos fundamentales que puede ser envidiado por cualquier otro país. Los redactores del Proyecto de Reforma y los asambleístas que lo aprobaron se preocuparon por ser exhaustivos en este aspecto. Quizás especificaron más de lo necesario. Al puntualizar que los derechos consagrados No tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza, conforme al artículo 74.1, pudieron eximirse de precisar muchos detalles. Pero lo hicieron. Y no es censurable la actitud asumida. En nuestro país hay que aclarar las cosas muy bien. Tenemos especialistas en buscarle la quinta pata al gato. Ven donde no hay nada que ver.

Junto a ese magnífico catálogo de derechos tenemos sus garantías constitucionales. Derechos sin garantías son ilusiones. Los primeros valen lo que valen las segundas. Y la creación del Tribunal Constitucional es la más alta expresión de esas garantías.

Las sombras que tienen algunos textos de la Ley Sustantiva pueden ser esclarecidas adecuadamente con certeras interpretaciones jurisprudenciales. Las harían los jueces ordinarios y muy especialmente el Tribunal Constitucional.

Veamos la realidad. No perdamos lo bueno por correr ilusamente detrás de lo mejor. Y menos si lo mejor es inaccesible por ahora.

Parafraseando a Arquímedes: Dadme el catálogo de derechos fundamentales que tiene nuestra actual Constitución. Será mi punto de apoyo. Y con el Tribunal Constitucional como palanca moveré la nación hacia el progreso, el bienestar y la modernidad que merecen los dominicanos. Juntos podemos hacerlo.