El Tribunal Superior Administrativo (TSA) es esencial para el correcto funcionamiento de las instituciones públicas. Con el apoderamiento del TSA siempre se logran buenos resultados: o se somete a la administración pública al ordenamiento jurídico nacional, si se prueba que se trata de la impugnación de un acto o hecho administrativo antijurídico, o se realiza una tarea de pedagogía cívico-jurídica a favor de la parte recurrente, si no prueba sus alegatos.

Ciertamente, los procesos contencioso-administrativos son como las grandes lluvias en los campos. Esas aguas pueden arrasar con muchas cosas, pero siempre dejan más beneficios para los agricultores que los daños que causan.

Esto así porque cuando la persona pone en movimiento la jurisdicción contenciosa-administrativa está ejerciendo un derecho fundamental inalienable de pedir justicia y una práctica de sujeto o ciudadanía que fortalece toda la sociedad.

Mucho más en países como el nuestro, que está afectado por la tara de una larga tradición de autoritarismo y de sometimiento acrítico al poder, en especie de servidumbre moderna, de la comunidad.

El origen de nuestra historia republicana y de la cultura de abusos de la autoridad pública se remonta a los gobiernos del anexionista y general Pedro Santana, continua con el deshonesto Buenaventura Báez; prosigue con el dictador Ulises Heureaux y el sanguinario y tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina; hasta llegar a los excesos del régimen de los doce años del doctor Joaquín Balaguer. Y paro aquí para no herir susceptibilidades contemporáneas.

Hoy vivimos en un Estado Social y Democrático de Derecho, conforme al artículo 7 de la Constitución, en que la función del Estado es la protección de la dignidad humana y de los demás derechos fundamentales.

Por tanto, el Estado se erige teóricamente como el más grande protector de los de rechos de las personas; pero en su accionar se trasforma en el más grande violador de los derechos que está llamado a garantizar y proteger, cuando los funcionarios se olvidan que están sometidos al sistema constitucional y legal vigente.

Y la misión jurisdiccional del TSA es precisamente ayudar al Estado a cumplir su función con el máximo respeto a su propia legalidad. Así se reducirán significativamente las violaciones de los derechos de las personas.

El TSA no es el verdugo del Estado, es uno de sus órganos de justicia y su mejor colaborador. Si los funcionarios cumplen con el sistema, el Gobierno se legitima, la seguridad jurídica se ensancha, la economía crece y todos nos sentimos bien representados.

El TSA es un guardián de los derechos fundamentales, pero también es un ente jurisdiccional que debe impulsar el fortalecimiento del Estado y la cohesión social.
Así sea.