Rafael Ciprián
Abinader y haitianos
El presidente de la República, señor Luis Abinader Corona, probó una vez más su vocación y determinación para cumplir con sus obligaciones como jefe del Estado. Lo hizo con su firme posición frente a la inmigración ilegal que tenemos.
Vimos a Abinader llenarse de santa indignación frente al exabrupto del funcionario de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Este señor se atrevió a darle órdenes. Le mandó a detener las deportaciones de haitianos indocumentados.
La respuesta del Presidente fue el rechazo total a semejante injerencia. Y hasta ordenó incrementar las deportaciones. Con el desaguisado del representante de la ONU recordamos la prepotencia de los que nos consideran su patio trasero o de los procónsules del imperio romano.
El autor de esta columna tiene sobrada experiencia sobre la soberbia de esos señores cuando desean que tomemos decisiones graciosas a sus deseos e intereses. Durante sus más de 27 años de servicio público se le ha presionado burdamente en diversas ocasiones. Entre otros cargos, sucedió cuando fue Abogado del Estado y Fiscal ante el Tribunal de Tierras y, luego, volvió a pasar en su condición de magistrado juez de la República.
Desafortunadamente para ellos, en ninguno de los casos requeridos tenían derecho. Las decisiones que tomamos fueron adversas a sus pretensiones y órdenes. Sintieron que fueron por lana y que salieron trasquilados. Jamás, si hay dignidad propia, se debe torcer el derecho para satisfacer al poder real o pretendido.
Por eso nos identificamos tanto con la correcta y necesaria actitud del presidente Abinader. Nadie puede negar que cada Estado tenga el derecho de establecer las reglas de juego frente a la inmigración en su territorio. Eso está vinculado al ejercicio de su soberanía e integridad territorial.
Además, la identidad nacional, las costumbres y valores culturales del pueblo dominicano son impactados positiva o negativamente por el ingreso masivo de extranjeros. Y si el Estado no cuenta con los controles necesarios, entonces no puede medir ni prever las consecuencias que tendrá que enfrentar.
También la seguridad nacional y la seguridad social y ciudadana se ponen en juego con la inmigración indocumentada. Así las cosas, nadie puede impedir que se infiltren elementos peligrosos entre los extranjeros que llegan y actúan sin control en nuestro territorio.
Si pensamos seriamente en la gravedad del terrorismo y la criminalidad organizada internacional que suele manifestarse en el mundo comprenderemos la actitud del presidente Abinader.
Los haitianos, como todas las personas, sean extranjeras o no, merecen el respeto a su dignidad y demás derechos fundamentales. Y hay que cumplir la obligación de respetar las leyes existentes en el país.
