La sociedad dominicana está virtualmente tomada por la delincuencia. Sus miembros viven bajo el miedo de ser atracados, robados o asesinados en cualquier momento y en cualquier lugar. Ni siquiera en nuestras casas estamos seguros. Salimos a la calle porque no podemos quedarnos paralizados ni en prisión domiciliaria permanente. Pero el estado de inseguridad ciudadana en que se vive no se puede aguantar por mucho tiempo. Y las autoridades lucen impotentes ante este terror difuso que provocan los delincuentes.

Cuando la sociedad llega a esa situación de angustia y desesperación, el remedio que se ofrece suele ser peor que la enfermedad. Sobre todo porque no se expresa el juicio ponderado, sino el extremismo que nace del espíritu atormentado.

Eso es lo que explica las recomendaciones que varios diputados dieron al jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez. Los legisladores aconsejaron que la fuerza del orden deba de combatir la delincuencia con la eliminación física de los delincuentes. En la prensa se publicó que los diputados que sugieren ajusticiar, dar pa bajo y llevar al paredón a los delincuentes. También aconsejaron que cuando realicen esas operaciones no se dejen ver ni gravar de los medios de comunicación.

Nadie que viva en una sociedad organizada y que respete los derechos humanos, el orden constitucional y legal puede imaginarse semejante escena: los legisladores llaman al jefe de la PN para interpelarle sobre actos violentos de la institución que dirige; pero en la reunión se le incita a más violencia con el irrespeto del orden jurídico, y eso sucede en el Congreso Nacional, donde se hacen las leyes y por quienes las hacen. Pero en nuestro país, que vive bajo los dictados de un surrealismo trasnochado, un realismo mágico amargado y bajo un ambiente real maravilloso de agonía, todo puede pasar.

Suerte que el mayor general Polanco Gómez tiene experiencia en su función y no creo que se deje arrastrar con facilidad por orientaciones estridentes.

Lo que propusieron esos legisladores es la negación de su función, y por la cual reciben el sueldo y los privilegios que conocemos. No pensaron en el sistema jurídico, no creen en el debido proceso de ley, la tutela judicial efectiva ni el derecho de defensa. Aunque aprobaron la Carta Magna que nos rige, nunca han reflexionado sobre el contenido de los artículos 7, 8, 26, 37 y siguientes, 68, 69 y 74 de ese Pacto Fundamental. Tampoco dan importancia a los artículos 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ni al 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y si actuaron por populismo, moda o demagogia para lucir graciosos frente al clamor popular, entonces es peor. Reflejaron oportunismo de la más baja ralea. Es una pena. Su investidura requiere una visión diferente.

Controlemos a los delincuentes sin convertirnos en peores que ellos.