Leonel y la propiedad

El presidente Leonel Fernández, en su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero recién pasado, ante el Congreso Nacional, informó a la nación que desarrollará un programa tendente a titular las tierras de nuestro país que aún no han sido sometidas al proceso de saneamiento catastral.

Además, afirmó que está consciente de que muchos procedimientos de registros de la propiedad inmobiliaria se llevan a cabo con métodos dolosos. Manifestó también la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, y muy especialmente en la propiedad inmobiliaria.

Se hizo eco de las reiteradas quejas de los inversionistas extranjeros frente a las dificultades que sufrieron como consecuencia de negocios jurídicos que han realizado en nuestro país. Muy especialmente cuando fueron sorprendidos con títulos de propiedad falsos o que están afectados de serias irregularidades.

Con pleno conocimiento de la problemática del registro de la propiedad inmobiliaria, el Presidente Leonel Fernández aseveró que esa situación afecta seriamente la captación de capitales internacionales.

Evidentemente que el jefe del Estado tiene la razón. Y está correctamente informado, por una parte, sobre la importancia económica, social, política, jurídica e institucional de que todos los inmuebles del país sean registrados y amparados por el certificado de título de rigor. Y, por la otra, el Mandatario sabe que los fraudes cometidos en las operaciones inmobiliarias, producto de la inseguridad jurídica que existe en muchos aspectos de nuestro sistema, espantan las inversiones que el país necesita. Sobre todo en estos tiempos de crisis económica y financiera global.

La necesidad de registrar las tierras y sus mejoras, para que el auténtico propietario sea provisto del título correspondiente, requiere de un buen programa de trabajo, que sea aplicado con rigor.

Para comprobar la importancia que tiene el planteamiento del Presidente, basta saber que nuestro país no puede desarrollar el sistema capitalista mientras una parte de su territorio se mantenga, como ahora, en la condición jurídica de terrenos comuneros. Esa es una expresión lacerante del régimen precapitalista de la tenencia de las tierras. Y la ausencia del registro de la propiedad, por falta del proceso de saneamiento catastral, nos invalida la posibilidad de atraer capitales frescos. El derecho de propiedad tiene un rango sustantivo, conforme al artículo 8, numeral 13 de la Constitución.

Esas verdades las comprendieron las fuerzas de ocupación militar norteamericana, que desde el 1916 al 1924 hollaron nuestro suelo y ofendieron la Patria. Asesinaron nuestra Segunda República y a una buena parte de los mejores dominicanos de la época. Durante esa ignominia, en 1920, se impuso al país el sistema Torrens, llamado a garantizar el registro y titulación de la propiedad inmobiliaria. Es el sistema más confiable, científico y legal que existe. Los estadounidenses lo aplicaron aquí para apropiarse de las mejores tierras. Lo que falta ahora es que lo usemos, porque está vigente, para beneficio de los dominicanos.

Hoy contamos con una Jurisdicción Inmobiliaria que tiende a ser autosuficiente en su sostenimiento económico. Las recaudaciones que se van haciendo por medio del cobro de los impuestos y las tasas por servicios aplicados a las operaciones y trámites inmobiliarios, que los usuarios pagan religiosamente, aseguran ingresos multimillonarios, y extraordinarios. Pocos se imaginan la fantástica capacidad de recaudación que tiene esta Jurisdicción. Es necesario que se impongan controles estrictos y que los recursos sean bien orientados.

La preocupación planteada por Fernández sobre la necesidad de titular los inmuebles para fortalecer la institucionalidad y la seguridad jurídica, es de primer orden. Es una prueba de que se comprende que la mesa económica nacional no puede ser servida adecuadamente si carece de la pata de la seguridad jurídica en la propiedad inmobiliaria. Lo que falta es ejecutar el plan que repare esa pata y la instale en la mesa como debe ser. Eso esperamos.

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