La Iglesia Católica tiene una estructura extremadamente jerarquizada. Funciona como un ejército o un partido político eficiente y disciplinado. O como una máquina a la cual no le falta ni le sobra ninguna pieza. Nadie pone en duda esa verdad. Es el secreto mejor guardado. Contiene la causa de su poder social, político, económico y espiritual. Junto a su renovación constante, garantiza su permanencia en el tiempo y en el espacio global.

Aunque es una institución muy dogmática, su disciplina es manejada con tolerancia inteligente. No asfixia ni tortura innecesariamente a sus miembros por disidencias coyunturales. Sabe respetar el espacio de cada uno de sus jefes y practica una especie de comprensión de la naturaleza humana.

Por eso no me sorprendió la posición del monseñor Ramón Abreu, párroco de la iglesia Sagrada Familia de La Vega, que refuta la posición del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien exhortó a las autoridades a apretar la tuerca contra los delincuentes. Esa es una expresión muy fuerte. Y se iguala o colinda con la que usaron algunos legisladores, quienes le pidieron al Jefe de la Policía Nacional darle pa´ bajo a los delincuentes.

El cardenal López Rodríguez se ha caracterizado por expresar su opinión con libertad y responsabilidad. Eso es bueno y fortalece la democracia. Es su derecho a opinar y sugerir. También los demás tienen derecho a manifestar su sentir y criterio. El artículo 49 de la Carta Magna lo consagra como un derecho fundamental, irrenunciable, inviolable e imprescriptible de todas las personas.

Ciertamente, así es. La sociedad avanza y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros es capaz de expresarse libremente, con respeto de la dignidad y el honor de los demás. Quien no esté de acuerdo con la opinión vertida, que dé a conocer la suya. Y punto. Jamás emplear el poder avasallante y abusador para acallar la opinión contraria, como lo hizo reiterada y vulgarmente la pasada Suprema Corte de Justicia con los jueces. Y se autoproclamó guardiana de la Constitución, de los derechos fundamentales y la ley. Cosas veredes, Sancho.

Nuestro Pacto Fundamental, en su artículo 37, prohíbe la pena de muerte. No se debe aplicar, ni judicial ni extrajudicial ni policialmente. Es una aberración violar esa norma. Por desgracia, sucede con frecuencia. Hay que tener mucho cuidado con manifestar la frustración y la rabia que produce el estado de inseguridad en que estamos frente a la incontenible ola de violencia y delincuencia que nos azota. Tenemos gatillos alegres que esperan la primera oportunidad.

El cardenal tiene razón al instar a apretar la tuerca, siempre que sea como aclara el monseñor Ramón Abreu, o sea, la tuerca de la educación, la investigación y la prevención del delito. Jamás del grillete que aprieta la garganta.