El sistema jurídico, como expresión orgánica de las superestructuras ideológicas de la sociedad, siempre conspira en su aplicación contra los derechos de las personas. Poco importa que esos derechos sean considerados fundamentales, porque estén consagrados en la Carta Magna o Bloque de Constitucionalidad, o en los denominados derechos humanos, naturales o de gente. Tampoco incide a su favor la generación a la cual pertenezcan, desde la primera hasta la cuarta o quinta, según la clasificación académica.

Una cosa es el poema jurídico o declaración de derechos y otra, muchas veces muy diferente y hasta contraria, es el respeto, garantía y ejercicio de esas prerrogativas.

La sociedad no es ni homogénea ni pacífica. Está dividida en clases sociales que pugnan permanentemente entre ellas. Muchas de sus contradicciones no son antagónicas, o sea, que no tienen que resolverse con la liquidación de la otra clase social. Por ejemplo, las luchas reivindicativas y economicista, como las mejorías salariales o mejorías en las condiciones materiales de trabajo. Pero otras sí son antagónicas a largo plazo, como la lucha por el control absoluto del poder político y de los medios de producción. Estas últimas contradicciones determinan, al ser superadas, quienes gobiernan o dominan en la sociedad. Y los que triunfan imponen sus valores y reglas.

Por eso el sistema jurídico representa siempre la ideología de la clase o clases sociales que controlan el poder político y económico de la sociedad. Ellas imponen la justicia. Lo demás es paja para la garza. Entretenimiento para idiotas e ignorantes de las verdades esenciales. Los retrasados mentales, analfabetos o titulados universitarios muchas veces caminan por el mismo sendero de la falta de conciencia política, social, nacional y de sujeto. El grado académico alcanzado no garantiza nada. La filosofía educativa está manejada convenientemente.

Muchos son guardianes inconscientes de instituciones decadentes y prácticas deleznables. Una prueba de ello es la férrea oposición que se le ha hecho a la puesta en funcionamiento del Tribunal Constitucional (TC). Todos los incidentes, pronósticos catastróficos y mentiras vulgares posibles fueron planteados. Lo que se quiere es que haya cambio de forma, no de fondo en el manejo de la justicia. Le temen a que el poema jurídico, contenido en el gran catálogo de derechos que consagra la Constitución, se materialice. Con el TC las personas podrían comenzar a reclamar que el sistema político y jurídico respete sus propias reglas de juego. Las naciones desarrolladas lo hacen. Son gobernadas; nosotros, dominados.

Ciertamente, así es. Quieren mantener la justicia ajena a las aspiraciones de las mayorías. Hay temor de que los derechos sean respetados y ejercidos. No desean que se disminuya la contradicción entre los derechos de las personas y la justicia que sufrimos. Podemos avanzar y mejorar significativamente con el TC. Así sea.