El Consejo del Poder Judicial (CPJ) dominicano está siendo objeto de severas críticas por las medidas administrativas que está tomando. Las decisiones que más cuestionamientos han recibido son las relativas a las pensiones que anunciaron en el Poder Judicial. Varios jueces y funcionarios administrativos recibieron sus avisos por haber llegado a su edad de retiro. Lo que puede ser cosa normal en una institución, se convierte en piedra de escándalo cuando hay manipulación de las informaciones.

Los críticos de las decisiones son algunos de los que no estuvieron de acuerdo con la renovación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que ejecutó el Consejo Nacional de la Judicatura (CNM). Algunos querían eternizar la composición del más alto tribunal de la República. Hasta una muy censurada y lamentable sentencia se dictó para hacer vitalicios, que no inamovibles, a esos magistrados. Fue necesaria la modificación de la Constitución para que se produjera el cambio que reclamaban amplios sectores, por una parte, de la comunidad jurídica y, por la otra, de las fuerzas vivas de la nación. La actual Ley Sustantiva, proclamada el 26 de enero de 2010, creó las condiciones para que se materializara esa aspiración. Es inevitable que existan inconformes.

Nuestro CPJ y la SCJ están presididos por el magistrado Mariano Germán Mejía. Los críticos de las decisiones del CPJ objetaron la designación de Germán Mejía. Todo lo que surja del Poder Judicial será visto con pinzas milimétricas por esos sectores. Esto no es totalmente malo. Puede ser muy bueno si no se exageran las exigencias y se evitan las declaraciones infundadas. Sobre todo porque las instituciones oficiales y las actuaciones de los funcionarios deben estar bajo el fuego de la crítica. Así lo establecen los principios que deben regir la vida social. Y más ahora. Estamos fortaleciendo el Estado Social y Democrático de Derecho. Sólo los imbéciles con cargos públicos se irritan y ejercen venganza contra los que hacen la sana crítica de la gestión. Esos idiotas son los que actúan como si el cargo fuera un derecho que compraron o recibieron en herencia. En nuestro país abundan esos especímenes cavernarios.

El CPJ tiene facultad para pensionar y jubilar a los funcionarios y empleados del Poder Judicial. Las decisiones tomadas se amparan en los artículos 155 y 156 de la Carta Magna; 8, numeral 14, de la Ley Orgánica del CPJ; 156 de la Ley de Carrera Judicial; 56 del Reglamento de esta Ley; 7, numeral 3, del Reglamento de Retiro, Pensiones y Jubilaciones. Esas decisiones son constitucionales, legales y legítimas.

Las críticas vertidas por los que desean que siga lo mismo en el Poder Judicial son infundadas y maliciosas. Buscan perpetuar lo que debe cambiar. El CPJ está actuando bien. Apoyemos los cambios en la Judicatura. La ola de reformas no debe detenerse. Son necesarias.