La manida idea de asociar la creación de nuevas leyes con la noción de progreso social e institucional debe ser erradicada de la mentalidad de nuestros gobernantes. También de los gobernados que se dejan seducir por cantos de sirenas. Si las autoridades manejaran esa confusión sólo para manipular a las grandes masas, entenderíamos esa actitud. Pero no es así. La mayor desgracia consiste en que unos y otros se lo creen a pie juntilla.

Es parte del viejo criterio de que las leyes pueden cambiar la realidad, cuando es a la inversa. La realidad crea, modifica y deroga o extingue las normas. El ordenamiento jurídico de una sociedad, sin importar los grados de excelencias que tengan los textos lingüísticos normativos, no puede transformar las costumbres arraigadas en la población. Por el contrario, son precisamente esos usos y prácticas los que se imponen.

Todo legislador que sea sabio y oportuno se preocupa por comprender, primero, las causas del comportamiento de los miembros de la sociedad y, segundo, adapta sus proyectos a las condiciones objetivas que ha estudiado. Las posibilidades del éxito en su función están en esa inevitable simbiosis que debe materializar.

Nadie ignora que los dominicanos tenemos más leyes que las que necesitamos para vivir como país civilizado.

Más aún, estamos saturados de normas. Da la impresión de que se ha legislado más con criterios casuísticos que con previsiones puntuales y generales.

Afortunadamente, tenemos leyes muy buenas. Pero éstas parecen quedar asfixiadas por la inmensa avalancha de normas que no se aplican. Muchas no les convienen a los sectores dominantes. Otras son letras muertas por el avance social.

Con la Constitución vigente desde el 26 de enero recién pasado, el puñado de leyes orgánicas que deben ser aprobadas y una limitada selección de otras normas podemos jubilar el resto de nuestro pesado fardo normativo de carácter adjetivo.

Los pueblos son felices cuando se respetan sus derechos fundamentales y los gobernantes se manejan con transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones. Para eso basta con el cumplimiento de la Constitución.

Entonces el Estado pasa a ser un ente regulador en lugar de interventor.

Los funcionarios funcionan y disminuyen su megalomanía y delirios de trujillitos. De esa manera, y no de otra, la sociedad se desarrolla y progresa en la realidad. Todos sus miembros actúan con orgullo y dignidad en cada tarea que emprenden. La economía se dinamiza y las relaciones sociales se hacen armónicas y, en casos excepcionales, soportables.

Para algunos esas ideas parecerán utópicas. Están tan acostumbrados al desorden social, al abuso y a las violaciones de las normas que viven alienado. Para sobrevivir se volvieron escépticos y cínicos.

Sin embargo, debemos aprender que las leyes no generan progreso ni transforman la sociedad. La conciencia política, con buenas organizaciones sociales operando, puede hacerlo de manera eficaz.