En nuestro país se está debatiendo con pasión y argumentos nada despreciables sobre si en la actualidad tenemos o no una dictadura constitucional. La pasión es mayor por el proceso electoral. La oposición política más representativa levanta la bandera de que existe esa forma de gobierno. Busca sacar ventajas mediáticas y de percepción entre los votantes con la afirmación de que corremos un grave peligro si triunfa el partido oficial. Afirman que se fortalecerá la dictadura constitucional y se perderán los beneficios colectivos de la vida democrática. No ahorran ninguna predicción catastrófica.

Los que afirman que vivimos bajo una dictadura constitucional fundamentan su criterio en el hecho de que las principales instituciones del Estado están bajo el control del Gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus aliados. Así enumeran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Éste último con el presunto control de la Suprema Corte de Justicia, y que por medio del Consejo Nacional de la Magistratura se extiende al Tribunal Constitucional y al Tribunal Superior Electoral. No dejan de mencionar la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral, entre otros importantes órganos constitucionales.

Resulta ridículo o de perfecta idiotez negar que el presidente de la República y el partido oficial tengan un gran poder sobre las principales instituciones públicas. Los hombres y mujeres que dirigen y forman esas instituciones fueron designados directa o indirectamente por los que controlan el poder político. Es cierto. Pero no hay ilegalidad.

Ahora bien, todos los funcionarios públicos están obligados a cumplir con el mandato de la Constitución y de las leyes. Y asumen sus cargos para servir de la mejor manera a la sociedad. Al cumplir con su misión, fortalecen la vida social e institucional del país. Eso es lo que debemos exigirles.

Viene bien preguntarse: ¿Es posible una dictadura Constitucional? El régimen dictatorial se presume inconstitucional. En principio, la Carta Magna es contraria a toda forma de dictadura o abuso de poder. Pero resulta simplista responder negativamente. Si la Ley Suprema consagra la dictadura como la forma de gobierno del país, entonces sí puede existir. En este caso, y si garantiza los derechos fundamentales, la Constitución no sería inconstitucional. Este precepto no existe entre nosotros, pero si existiera valdría tanto como el civil, republicano, democrático y representativo que tenemos hoy, conforme al artículo 4 del Pacto Fundamental.

Somos del criterio que la soberanía popular reside exclusivamente en el pueblo y que de él emanan todos los poderes, los cuales son ejercidos por medio de representantes o en forma directa (artículo 2 de la Constitución). Y si respetan el orden constitucional y legal, son legítimos. Los que pretendan sustituir lo existente, deben ganarse el favor del pueblo y constituirse en poder. Nada más.