La próxima conformación de los órganos jurisdiccionales más elevados de nuestro país representa la gran novedad de la agenda nacional. Es un mandato de la actual Constitución, proclamada el 26 de enero del año pasado. Todos los que tengan conciencia de la importancia de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la designación de los jueces y puesta en funcionamiento del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Superior Electoral (TSE), deben darle seguimiento estricto a esa tarea. La paz, el desarrollo económico y el Estado Social y Democrático de Derecho dependerán de esos grandes tribunales. El que no comprende esa verdad está más perdido que el hijo de Limbert.

En este país no puede haber paz social si nos hundimos en el mar de la crisis mundial de alimentos y de los altos precios del petróleo o si no superamos la onerosa deuda externa, que permite al Fondo Monetario Internacional mantener el pie sobre el cuello de la República. El gobierno gasta demasiado energía y recursos para administrar la crisis. Casi no tiene posibilidades de ocuparse de la inversión reproductiva. Así no se construye el progreso verdadero. La estabilidad macroeconómica y el crecimiento del Producto Interno Bruto no se reflejan en la microeconomía. Las grandes mayorías se asfixian en la miseria mientras una minoría de satisfechos e insensibles nada en la abundancia. Y no guardan las formas. Hacen ostentaciones como si vivieran en un país rico o como si fueran estrellas de Hollywood.

Tenemos que fortalecer con urgencia la institucionalidad democrática. Ella generará las condiciones objetivas y subjetivas para que los dominicanos no sucumban en estos aciagos momentos. Es la única garantía de que saldremos adelante con el esfuerzo de todos.

La paz social se construye con esperanzas y con soluciones a los problemas materiales y espirituales de la nación. No bastan los discursos ni las buenas intenciones. Se requieren acciones inteligentes.

Hay que impulsar la economía. Necesitamos más inversiones en el campo y la ciudad. Los capitalistas nacionales y extranjeros quieren invertir, pero reclaman seguridad jurídica para sus intereses. Generemos más empleos. Controlemos la especulación en los precios. El problema eléctrico debe ser controlado y el servicio tiene que alcanzar niveles aceptables de costos, estabilidad y eficiencia.

El Estado Social y Democrático de Derecho sería una quimera si no logramos crear las condiciones económicas e institucionales que lo hagan posible.

Solo las altas cortes pueden convertirse en la palanca que impulse la prosperidad económica y la tranquilidad social. Cuando la SCJ, el TC y el TSE cumplan su rol, con una justicia pronta y eficiente, con la limitación del poder y la protección de los derechos fundamentales, con el respeto a las reglas democráticas, podremos superar la crisis que nos acogota. Elijan bien esos jueces, para que avancemos hacia el progreso.