La pertinencia o no de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), emerge como tema de debate entre sectores que lo consideran urgente e imprescindible y quienes advierten que socavaría las posibilidades de éxito de las políticas sociales que emprendería el Gobierno, aunque ni unos ni otros de las bondades o perjuicios que conllevaría concertar o no un nuevo convenio con ese gendarme.

El economista Ruddy Santana, antiguo representante de República Dominicana ante el FMI, cree que un acuerdo Stand by o precautorio arruinaría el primer año de gobierno del presidente Danilo Medina, por lo que aconseja evitarlo, pero sugiere alcanzar un tipo de consolidación fiscal que garantice que ese organismo otorgue las cartas de conformidad que liberen los préstamos pendientes con los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo.

Gremios empresariales y oposición política consideran que para alcanzar la consolidación fiscal sugerida por el licenciado Santana se requiere previamente que el Gobierno firme o se comprometa a arribar a un acuerdo con el FMI que garantice disciplina en el Gasto Público y cumplir con compromisos u obligaciones referidos al reajuste de la tarifa eléctrica y pago puntual a los empresas generadoras.

No resulta fácil lograr que el Fondo Monetario emita certificado de no objeción al desembolso de créditos aprobados por el Banco Mundial y el BID, sin que antes las autoridades acepten la amarga receta de abordar la crisis eléctrica por el lado de incremento de tarifa o de incrementar tributos regresivos.

De otro lado, si se acepta la sugerencia de no acudir al Fondo, al menos durante el primer año completo de Gobierno, valdría la pena preguntar, ¿De dónde la Administración del presidente Medina obtendría los recursos para disminuir el abultado déficit fiscal y que, además, sobre dinero para financiar sus políticas redistributivas?

El tiempo parece agotarse para la concertación de un Pacto Fiscal antes de octubre, plazo tope para que el Gobierno presente en el Congreso el Proyecto de Presupuesto General del Estado, que tendría que ser diseñado en base a las perspectivas de ingresos basado en un nivel de presión tributaria equivalente apenas a un 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), frente a un 17% de gastos proyectados para 2013.

Un acuerdo con el FMI garantizaría flujo de recursos para afrontar un déficit fiscal potencial del cuatro por ciento del PIB en el Presupuesto del año entrante, pero el Gobierno tendría poco espacio de maniobra para afrontar la crisis eléctrica, toda vez que el recetario que el FMI exige aplicar es igual a una camisa de fuerza sobre el sector productivo, clase media y sectores de menores ingresos.

Si el Fondo Monetario acepta que se revisen los contratos definidos como onerosos en el sector eléctrico, que permita extender de diez a 20 años el plazo para conjurar el déficit cuasi fiscal del Banco Central y alienta una imprescindible política de redistribución de ingresos, un acuerdo Stand by o precautorio, estaría más que justificado, pero todo lo relacionado con ese delicado paso queda en el quizás o en el tal vez.