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La crecida del lago Enriquillo no es el único riesgo para los residentes en las provincias Independencia y Baoruco. También está la amenaza del lago Azuei, en la frontera con Haití. De un cauce de 500 metros, se estima que hoy ronda los tres kilómetros, amén de que esa crecida ha afectado cultivos, viviendas, oficinas públicas y obras de infraestructura como la carretera que comunica a la comunidad de Boca de Chacón con Jimaní. Con el impacto en la región de la crecida del lago Enriquillo, el efecto del Azuei conturba todavía más a los residentes en la zona fronteriza. La crecida de los lagos ha tenido consecuencias devastadoras  tanto en la agricultura, el transporte  y la ganadería como en otrs actividades. Las pérdidas se calculan en más de tres mil millones de pesos.  Los estudios indican que al menos el crecimiento del Enriquillo comenzó a verificarse en 2004, sepultando desde entonces más de 195 mil tareas. Más de dos mil agricultores y unos 500 ganaderos han resultado perjudicados por un problema que se ha convertido en una desgracia para la región. Con la expansión hacia territorio dominicano del lago Azuei la respuesta que en forma urgente demanda el gravívismo problema se torna más compleja.

Un balón de oxígeno

La decisión de revocar el abusiva alza de hasta un 67% en la tarifa por el servicio de agua constituye un respiro para los consumidores. Con el agua al cuello como están los consumidores con las alzas de precios, el de la tarifa de agua era otra incisiva etocada a la magra economía doméstica. Pero, de acuerdo con el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Freddy Pérez, el Presidente ordenó revocar el reajuste tarifario. Una intervención por demás sensata, que obliga al director de la CAASD a explorar otras medidas para racionar los altos costos con que opera la entidad. Hay muchas fórmulas administrativas sin necesidad de castigar más a los consumidores con alzas en servicios que, para colmo, son tan deficientes. Como si se tratara de un recurso de atribuir cualquier acción a organismos internacionales, el director de la CAASD invocó un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para justificarla.