Página Dos

RADAR

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Preocupa a la comunidad internacional  la dificultad que ha confrontado el presidente  de Haití, Michel Martelly, en conformar  un  nuevo gobierno debido a que el Parlamento, controlado por  el partido  Inité, del ex mandatario René Preval, rechaza los  candidatos a primer ministro, presentados por el Ejecutivo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ha reclamado resolver el problema, para  iniciar el Plan de Recuperación que se ha diseñado para el devastado Haití. La cancillería  dominicana ha advertido  que no  reanudará los trabajos de la comisión bi nacional hasta que en Haití  se escoja un primer ministro. La oposición culpa al Gobierno al atribuirle poco  interés en conformar el nuevo gobierno, pero el Parlamento ha rechazado a todos los candidatos presentados por Martelly. Mientras tanto, el pueblo haitiano sufre mayores penurias y la comunidad internacional niega  recursos hasta que  esa crisis quede conjurada. Sería algo más que otra catástrofe que intereses políticos y fácticos haitianos frustren mediante artilugios la posibilidad de que el presidente Martelly pueda  conformar un gobierno que  destrabe los recursos que la comunidad internacional hoy retiene bajo el argumento de que en ese país nadie gobierna.

Trato igual para todos

 

Dirigentes de algunas de  las muchas asociaciones  de derechos humanos ya se habrán pronunciado sobre  el asesinato de un niño de dos años y las heridas graves  causadas a su hermanito de seis años por narcotraficantes, en  Los Alcarrizos. Si por alguna razón, quienes  asesinaron a ese infante caen abatidos en algún enfrentamiento con la Policía, entonces se conocerá las opiniones de repulsa que emiten esas  organizaciones, a las que ahora se le exige que  protesten por  la muerte de ese niño y las heridas de balas sufridas por su hermanito. No se alienta la repetición de casos donde la Policía mata a presuntos delincuentes, pero es menester  reclamar de las autoridades que protejan la vida de niños y adultos a quienes bandas de forajidos asesinan, roban, asaltan o violan. Los delincuentes no respetan los derechos de los ciudadanos, por lo que también merecen la repulsa de entidades que por lo común  protegen prerrogativas de esa gente.

El Nacional

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