RADAR

Vencido el plazo para obtener el marbete, a la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet) no le queda más que aplicar la Ley de Tránsito. Y si la legislación consigna la retención de los vehículos que circulen sin su correspondiente placa, pues no queda más alternativa. Con el tiempo y las facilidades para obtener el documento los agentes de Amet deben actuar sin contemplaciones contra los violadores de la ley. Más irrespeto no se puede permitir, so pena de dejar que la nación se convierta en un relajo. Por distintos intereses, entre los que priman los políticos, las autoridades suelen ser muy permisivas con las violaciones que han convertido en un caos el sector transporte. Es más las retenciones de los vehículos que circulan sin el marbete deben convertirse en un operativo para ordenar el tránsito. El asunto no es colocar un agente en una intersección, lo que regularmente surte un efecto contrario, sino en actuar contra las peligrosas violaciones en que incurren diariamente, mayormente, los conductores de voladoras y de carros del concho. Pero también de vehículos privados. Amet ofrece un buen ejemplo de autoridad y apego a las leyes con la retención de los vehículos que circulan sin el marbete. Y por tanto debe respaldársele.

Tribunal  de Tierra

La burocratización se ha ocupado de echar por el suelo, en gran medida, las expectativas con el reglamento y la ley inmobiliaria. A decir de abogados y agrimensores los obstáculos para conseguir un certificado de título definitivo, particularmente cuando se deriva de un proceso de deslinde, constituyen un agobiante vía crucis. Tras los trabajos de campo y de gabinete, la dirección de Mensuras Catastrales refiere los casos al tribunal de la jurisdicción original. Después que el juez titular falla, los expedientes van al Registrador de Títulos, donde el proceso de revisión y análisis se toma meses y años. Los interesados se desesperan y en ocasiones los inversionistas tienden a marcharse por la lentitud e ineficiencia de la burocracia. La aprobación de la ley inmobiliaria restauró la confianza en la seguridad jurídica en un sector plagado de denuncias de irregularidades. Pero la burocratización  denunciada es para que la Suprema Corte de Justicia intervenga para remover cualquier obstáculo.