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Normas en conflicto

El vicepresidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), ingeniero Osmar Benítez, se la ha puesto difícil a las autoridades dominicanas con relación al conflicto sobre las exportaciones a Haití. De acuerdo con Benítez el problema no es arancelario, como se ha dado a entender, sino que se debe a que el país no ha cumplido con normas de tipo sanitario. Parece una verdad que no se ha querido admitir, pese a las negativas consecuencias económicas y diplomáticas del conflicto en torno a las exportaciones. De hecho, la veda de los haitianos a la importación de  productos avícolas procedentes de República Dominicana se ha debido a las causas que enarbola el dirigente agropecuario. Se ha dicho que las autoridades dominicanas todavía no han certificado que se cumple con los requisitos usualmente exigidos para la exportación de pollos, huevos y otros productos avícolas a la vecina República. No se sabe si por desinterés o alguna otra razón. Benítez confía, sin embargo, que la ratificación por parte de Haití  del Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea ayudará a la normalización del comercio con República Dominicana no sólo de pollos, sino de muchos otros productos.

El robo de cables

El robo de cables eléctricos ha vuelto sobre el tapete con la denuncia de Ede-Este de que ha sido afectada con 178 kilómetros de cables en lo que va de año. La magnitud es alarmante, amén de las consecuencias que la nefasta operación tiene para los consumidores. Al menos desde la designación como administrador del licenciado Rubén Bichara, la empresa ha desplegado saludables esfuerzos para mejorar el servicio a los usuarios. Pero el robo de cables, que no es una tarea de delincuentes comunes, se ha convertido en uno de los principales obstáculos en ese sentido. Sustraer los tendidos no es una tarea tan simple. Se requiere de equipos especiales, incluyendo medios de transporte. Ede-Este no es la primera empresa que denuncia los robos de materiales. También lo han hecho otras compañías privadas. Pero ahora que el caso ha vuelto sobre el tapete las autoridades deberían profundizar las investigaciones sobre una práctica que afecta hasta la inversión.