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Los bienes millonarios que se atribuyen al capitán de la Policía que murió en el accidente de una avioneta el jueves 28 en Tireo, Constanza, constituyen un desafío para el  presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Rolando Rosado Mateo declaró que Antony Eduardo Leyva Pérez viajaba en la nave, que fue vinculada a una red internacional de narcotráfico, como agente encubierto. Tras definirlo como un oficial correcto, ahora han aflorado versiones de que Leyva Pérez era propietario de un condominio de cuatro edificios de apartamentos en la calle 15, número 79, del ensanche Ozama y de otras propiedades millonarias.  Además de vecinos, la supuesta fortuna del capitán Leyva Pérez ha sido aireada por el senador Wilton Guerrero. Según el legislador, el oficial no sólo poseía bienes por más de 100 millones de pesos, sino que estaba vinculado al narcotráfico. Informaciones tan comprometedoras cuestionan tanto la investigación sobre el suspicaz accidente aéreo como la defensa del oficial hecha nada menos que por el presidente de la DNCD. Más todavía cuando la respuesta surgió pocas horas después del ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Pared Pérez, anunciar una investigación sobre el suceso.

Alerta en la ADP

Una aspirante a la presidencia de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha denunciado que funcionarios del Ministerio de Educación se han involucrado en el proceso en apoyo al candidato oficialista. La denuncia de María Teresa Cabrera nada tendría de intrigante de no ser por el uso de recursos públicos y la intimidación para alterar la intención del voto. Las elecciones de la ADP están pautadas para el 10 de este mes. Al hacer la denuncia, la veterana gremialista ha solicitado la observación de Participación Ciudadana y otras medidas para garantizar la transparencia de los comicios.  Por ejemplo, que se prohíba ingresar a los recintos de votación con celulares y cámaras fotográficas. Por las sospechas que se han manifestado lo más conveniente es que la ministra de Educación evite que los funcionarios se involucren en las elecciones de la ADP. Pero también que la comisión electoral esté alerta para desmontar cualquier maniobra fraudulenta.