No se entienden las razones por las cuales el Gobierno envió al paredón económico a la Junta Central Electoral (JCE), al reducir sustancialmente su presupuesto, al punto de que el Pleno de Jueces de esa institución anunció el cierre de 19 oficinas y la suspensión del proyecto de captura de datos biométricos, a causa de su previsible crisis financiera.

Dispuso también reducción de personal y congelación de los servicios que ofrece a la ciudadanía.

El premio que parece otorgarse al tribunal electoral por el buen desempeño en la organización, montaje y celebración de las elecciones, ha sido el de convertirlo en un indigente que apenas tendrá recursos para el pago del personal y algunas cargas fijas.

¿Por qué? Es obvio que la JCE también tenía que ceñirse el traje de la austeridad impuesta por el Gobierno, pero parece que en su caso se exageró la nota, porque no se tomó en cuenta la trascendencia de sus funciones, no sólo como organizadora de los torneos electorales, sino también como custodia del gentilicio dominicano a través del Registro Civil. No parece probable que el Congreso haga nada para revisar la difícil situación presupuestaria de la JCE, toda vez que el mando legislativo ya adelantó que en torno al Presupuesto General del Estado reivindicará su rol de sello gomígrafo.