RADAR

El acuerdo a través del cual el licenciado Hatuey De Camps respalda la candidatura de Hipólito Mejía no dejará de tener impacto, pero lo cierto es que se veía venir. Si algo faltaba era el momento para oficializar un pacto de 27 puntos escritos, que en realidad no es más que un protocolo. En algunos círculos se habla de un punto 28, que, aunque se desmienta desde ahora, pauta en un tiempo prudente el retorno de De Camps al Partido Revolucionario Dominicano (PRD). El acercamiento de Hipólito y el presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) comenzó a cobrar cuerpo desde que ambos celebraron las primeras reuniones. Hatuey, que era el más pugnaz, dejó de atacar a Hipólito y al PRD, al tiempo de enfilar sus misiles contra la gestión del presidente Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Pero hasta el último momento De Camps trató, sin mayores éxitos, de jugar a las expectativas sobre un acuerdo que para muchos era evidente. Llegó incluso a reunirse con el candidato presidencial del PLD, Danilo Medina, y a declarar que no tenía aliados preferidos. Sin embargo, se notaba que estaba más cerca del acuerdo para respaldar las aspiraciones de Hipólito que de cualquier otro.

Salidas prohibidas

Más de 1,700 militares con impedimentos de salida parece una exageración, que crea suspicacias. Y más en estos tiempos de rumores. Pero hay probiciones que se colocan por accidentes de tránsito y conflictos sobre manutención de menores. De hecho, es normal que se solicite impedimento de salida para cualquier persona que tenga algún tipo de conflicto judicial. Con las prohiniciones no hay por qué alarmarse. Tampoco tratar de sacarle punta, sobre todo con fines políticos. Se suele especular mucho. Lo importante sería conocer los expedientes de cada uno para poder elaborar un juicio más acabado. Se tiene también que tomar en cuenta que una cosa es impedimento de salida y otra, muy diferente, la cancelación de visado. Hay muchos que tienen su visa para viajar a Estados Unidos, que, sin embargo, no pueden hacerlo por impedimento colocado por los tribunales o por la Procuraduría General de la República. El caso no es motivo de alarma.