Sombrío
La posible escisión de las filas congresionales del reformismo representa otro de los muchos obstáculos con que tendría que lidiar el presidente Leonel Fernández para imponer su proyecto de reforma constitucional. Aún no se haya consumado la adhesión al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de otros cinco legisladores reformistas, con todo y que se asegura que es un hecho, los rumores en ese sentido reflejan por lo menos malestar.

Al no contar con mayoría en la Asamblea Revisora para sancionar la nueva Carta Magna, los congresistas reformistas son fundamentales para las intenciones del oficialismo. Aunque ese partido ha declarado que no tiene compromiso con ningún sector en torno al proyecto, un encuentro con el presidente Fernández en la residencia del canciller Carlos Morales Troncoso se prestó a múltiples conjeturas. Amén de conflictos internos la oposición a que el mandatario se postule en las elecciones de 2012 habría sido el detonante de la escisión en las filas reformistas.

Un exceso inadmisible

La Corte de Apelación de La Vega tiene que remediar el inaceptable exceso en que se incurrió con la condena a 20 años de prisión de una mujer por el delito de perjurio.

El insólito caso de la señora Carmen Delia Acevedo Rodríguez sólo pone de manifiesto que República Dominicana es un país en donde no cesan las paradojas.

Mentir bajo juramento no es el peor de los delitos y, en la práctica, un deporte. Pero con la señora Acevedo Rodríguez parece que el Primer Tribunal Colegiado de La Vega quiso dar un ejemplo, si no es que hay otras razones.

¿Cómo es posible que una sentencia tan monstruosa, con aristas que despiertan suspicacia, no haya sido investigada por la Suprema Corte de Justicia? Se habla de que la señora Acevedo Rodríguez se confabuló para testificar en contra de un hombre acusado de un crimen, pero que luego exigió 250 mil pesos para variar su declaración.

Todavía sea cierto lo del chantaje que habría llevado a la condenada a mentir no es como para que se le impusiera una pena tan desproporcionada. Y de apoyarse la acción en el Código Procesal Penal entonces hay menos dudas de la necesidad de revisar el instrumento jurídico.

Con las cosas que ocurren este país parece que con la señora se ha querido dar el ejemplo que la sociedad reclama en muchos otros graves delitos.