25 indígenas muertos, según las cifras oficiales, pero algunas organizaciones estiman que fueron más de 50. Lo cierto es que el Estado peruano utilizó la fuerza pública contra la población nativa para imponer la presencia del capital foráneo en la selva amazónica, y el resultado fue una masacre. Desde la Organización de las Naciones Unidas, la vicepresidenta del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, Elisa Canqui, así ha calificado la acción. En realidad, no cabe otro nombre.

El gobierno que encabeza Alan García Pérez, protege a varios ex funcionarios acusados de malversar fondos y de colaborar con la organización de masacres en Bolivia, y también a algunos golpistas de Venezuela, pero no vacila en reprimir a los indígenas, quienes propugnan porque la selva sea explotada en forma racional y para el desarrollo regional.

¡Horripilante ejercicio de coerción de clase!

Y no se puede llamar de otro modo lo que ocurre en Colombia, donde organizaciones de derechos humanos denuncian que las ejecuciones extrajudiciales continúan, aunque los militares se ocupan de ocultar cadáveres y de evitar el escándalo, lo cual no siempre logran.

Recientemente, 11 jóvenes fueron asesinados en Ciudad Bolívar, y un grupo de hombres se ocupó de ocultar los cadáveres. El presidente Álvaro Uribe Vélez dice que hay exageración. En marzo pasado dijo que hay sólo 22 casos comprobados de falsos positivos. ¡Como si fuera poco! El ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, dijo en abril pasado que los enemigos del presidente Uribe exageran las cifras para impedir que la fuerza pública actúe contra los grupos irregulares. Pero entre enero del año 2007 y julio del 2008, hubo en Colombia 535 casos de ejecuciones extrajudiciales. ¡Un caso por día!

Hablamos de dos escenarios de masacres.