El tribunal de la Instrucción de la provincia Independencia ratificó este lunes la prisión preventiva a Deivi Nova Reyes, imputado por tráfico de inmigrantes en el caso Iguana.
El juez Paco Terrero Pérez, tras acoger el pedimento del Ministerio Público ordenó, durante la revisión obligatoria, mantener la medida contra Nova Reyes, un ex empleado del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), que cumple prisión en la cárcel pública de Neiba, en la provincia Bahoruco.
En la audiencia también se tenía previsto revisar la coerción al imputado Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, aplazada para el próximo 4 de octubre, para que pueda ser asistido por un abogado.
El caso también involucra a los imputados Roberto Méndez Pérez, quien fungía como coordinador de control en el puesto fronterizo de Aduanas en Jimaní, y al inspector de esa dependencia Johan Rosario Castillo.
Además, a Delson Manuel Medina Díaz y a Juan Mateo Feliciano (Yefo), quienes igualmente cumplen prisión preventiva desde marzo pasado en la referida cárcel por disposición del mismo Juzgado de la Instrucción.
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También es procesada Dominga Guzmán, a quien le fue impuesta presentación periódica.
La fiscal Aleika Almonte, de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), aseguró que el Ministerio Público combate ese delito con investigaciones, con las que enfrenta a organizaciones delictivas, como sucede con los casos derivados de las operaciones Iguana y Cattleya.
En el caso Cattleya, dijo, agota la etapa de los anticipos a prueba en Cámara Gesell, las cuales son diligencias procesales de investigación que el Ministerio Público puede realizar en cualquier momento, previo al depósito del acto conclusivo.
“En el caso Cattleya, como garante de la tutela judicial efectiva de las víctimas, solicitamos con urgencia, sin dilación, las entrevistas en Cámara Gesell de las víctimas de trata que el Ministerio Público rescató, con la firme intención de que esas víctimas procedieran, si así lo deseaban, como es el caso de la mayoría, al retorno voluntario a sus respectivos países”, dijo la fiscal Almonte.
“Lamentamos que abogados de los procesados puedan llegar a confundir a algunos comunicadores, pero debemos tener claro que el Ministerio Público, en Cattleya como en otros casos, no fundamenta los procesos ni sustenta sus investigaciones por trata de personas en la presencia o no de las víctimas, ni siquiera en sus testimonios”, sostuvo.
La fiscal de la PETT recordó que la Convención Internacional de Palermo y la Convención Belém do Pará protegen a las víctimas de la exposición pública porque, “no es una condición ni una exigencia de la norma que en estos delitos las víctimas hagan acto de presencia en los actos procesales, por ejemplo, de audiencia”.
“De hecho, por eso se realizan investigaciones proactivas, utilizando las herramientas que la norma dispone y se toma un año, y a veces hasta dos, investigando, para tener investigaciones sólidas, que no dependan del testimonio o no de las víctimas”, afirmó.
