En un entorno externo matizado por rebrotes de injerencismo, no resulta conveniente que República Dominicana reinicie, por cuenta propia o por presiones diplomáticas, nexos jurídicos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), institución que extravió sus prerrogativas al pretender lacerar el irrenunciable principio de soberanía nacional.

Se intensifican los rumores, pero sin confirmación, de que la Cancillería gestiona la reintegración del país como miembro de ese organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), instituido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, celebrada en San José, Costa Rica, en 1969.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró no acorde con la Carta Magna el instrumento de aceptación de la competencia de la CIDH en el derecho interno dominicano declarado en 1999, bajo el argumento de que el Poder Ejecutivo no contó con la aprobación previa del Congreso Nacional.

La Defensora Publica Interamericana, Elizabeth Rodríguez, sostiene que la CIDH mantiene competencia contenciosa sobre el Estado dominicano, cuestión que dijo reconoce el Tribunal Constitucional a través de diversas sentencias.

La jurista afirmó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha reiterado expresamente su competencia sobre República Dominicana, y que la Comisión de Derechos Humanos tramita casos incoados contra el país que irían al fuero de la CIDH.

La colisión jurídica entre el Estado dominicano y esa corte radica básicamente en la sentencia del TC, que niega nacionalidad automática a hijos de extranjeros indocumentados, principio constitucional que data de 1929, aunque esa alta corte condenó al Estado a regularizar la situación de inmigrantes inscritos ilegalmente en el Registro Civil.

Para retornar al fuero de la CIDH, se requeriría que esa instancia de la OEA haya modificado su visión jurídica en torno a figuras tan relevantes como la condición jurídica de la apatridia y de la nacionalidad, que suele extraviar o confundir en sus diversas sentencias y resoluciones, siempre en perjuicio de la soberanía nacional.

La Cancillería esta compelida a precisar todo lo relacionado sobre la posible aceptación de la competencia de la CIDH sobre República Dominicana, toda vez que no existen razones válidas para asumir esa iniciativa, sobretodo en momentos tan delicados que matizan el ámbito internacional.