El Nacional
La Cámara de Diputados rechazó una petición de la Cumbre que celebra el Gobierno para debatir problemas nacionales y buscarles solución, para que conociera y aprobara de inmediato un proyecto de ley que declara inembargables las cuentas y bienes del Estado.

La petición le fue tramitada a la Comisión de Justicia para que rindiera un informe favorable a la petición y recomendara al pleno su colocación en agenda.

Los comisionados entendieron que esa iniciativa, que ya fue aprobada por el Senado, es muy delicada y que por consiguiente no podía ser acogida al vapor.

El diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) y miembro de la referida comisión, licenciado José Ricardo Taveras, explicó que se acordó conocer el proyecto luego de que se escuchara a todos los sectores.

No podíamos conocer y recomendar su aprobación de inmediato, porque ese proyecto tiene muchas implicaciones para los suplidores del Estado, señaló.

El diputado peledeísta por San Cristóbal, licenciado Tulio Jiménez, dijo que esa pieza no podía aprobarse al vapor porque el Estado es mala paga y sus suplidores tienen que contar con la Justicia cuando no se honre los compromisos asumidos.

El proyecto de inembargabilidad dice que los fondos públicos depositados en entidades de intermediación financiera, así como los montos adeudados por personas físicas o morales al Estado, los municipios y organismos del Estado por concepto de tributo o cualquier otra causa son inembargables, y en consecuencia las entidades de intermediación financiera depositarias de fondos públicos, así como de los deudores de las entidades públicas, no podrán retener fondos o valores, provisionalmente o no, como consecuencia de embargo retentivo u oposición de cualquier naturaleza.

La iniciativa del senador del PLD por Santiago, licenciado Francisco Domínguez Brito, establece que las entidades de intermediación financiera depositarias de fondos públicos, así como las personas físicas o morales que sean deudoras del Estado, los municipios y los organismos autónomos y el Tesorero Nacional no incurrirán en responsabilidad alguna por las erogaciones de fondos que se realicen o autoricen no obstante el embargo retentivo u oposición que en sus manos haya sido realizado.

Uno de los considerandos del proyecto señala que se ha constituido en una práctica perniciosa a los intereses públicos el embargo en manos de terceros de los fondos pertenecientes al Estado, los municipios y organismos autónomos.