Últimamente varios economistas han estado levantando la posición a favor de un aumento en el gasto por parte del Estado como forma de estimular la economía, que parece ser la teoría compartida por el Gobierno y los participantes en la Cumbre, en contraposición con la postura de empresarios y comerciantes, que consideran debe producirse un ahorro.

El Estado dominicano enfrenta un creciente déficit recaudatorio, reflejo de la crisis en la que está sumido el país. El Gobierno, ante esta circunstancia, se ve políticamente presionado a hacer algo.

Aumentar el gasto tiene la ventaja de que podría dinamizar la economía a través de sectores como la construcción y la agropecuaria, pero trae consigo el problema de que ese gasto podría impulsar la inflación y también implicaría un gasto que tarde o temprano va a recaer sobre los contribuyentes, con efectos más dañinos que lo que pretendería arreglar, aumentando la deuda pública y presionando al Estado a buscar su recuperación fiscal por la vía impositiva. Aumentar el gasto por vía directa del Estado podría tener efectos positivos a corto plazo, pero sus efectos a largo plazo serían devastadores.

Por su lado, impulsar el ahorro en las cuentas del Estado tendría la ventaja de que puede reducir el déficit y evitar un posible ajuste fiscal. Sin embargo, el ahorro nada haría para combatir la crisis que afecta a productores y consumidores, y sería el equivalente del Estado no hacer nada frente a ésta.

Lo ideal sería una reestructuración completa del Estado dominicano. En una revisión superficial del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del 2009, pude identificar hasta unos 80 mil millones de pesos en gastos no prioritarios. Desde Secretarías de Estado absolutamente innecesarias como la de la Mujer, la de la Juventud, de Educación Superior, a cosas como el Instituto Nacional de la Uva, el INESPRE, la Lotería Nacional, el Despacho de la Primera Dama, ONG, el financiamiento de los partidos políticos, subsidios, posibles recortes sensibles de fondos asignados a entidades, unificación de dependencias que comparten objetivos, y un grandísimo etcétera. No quiero imaginar cuanto sería un recorte si le dedico tiempo razonable a buscar la grasa en exceso en la vaca del Estado, si con sólo hojear durante una hora identifiqué hasta 80 mil millones de gastos inútiles.

Un recorte de un 25% o, para considerar los costos políticos, de un 15%, de los gastos institucionales, implicaría alivio para el Estado, eliminaría el déficit y evitaría un aumento de la presión tributaria, en consonancia con los que desean el ahorro.

Por otro lado, permitiría al Estado impulsar un recorte masivo de impuestos y reducir hasta en un 30% la presión fiscal. Esto pondría dinero en manos de la gente para incentivar el consumo y la inversión, pero de forma organizada que permitiría a la economía absorber el impacto sin disparar la inflación. Al dinamizarse el consumo privado y no el consumo público, el déficit puede convertirse en superávit debido al aumento de las recaudaciones por el ITBIS y no se haría mayor presión sobre el nivel de endeudamiento. Lo que debería satisfacer a aquellos que buscan que se aumente el gasto.

Decisiones difíciles para momentos difíciles, pero no aguantar la respiración esperando que ocurra.

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