Cuando se fracasó en la aplicación del Código Procesal Penal, concebido para blindar los derechos de los ciudadanos frente a las violaciones en que solían (y suelen) incurrir el Ministerio Público y la Policía, surgió un coro que clamaba por su revisión. Y como si se tratara de un mandato, se revisó. En el entendido de que era benigno con los delincuentes callejeros en la modificación se consignó un cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión y se elevó la pena máxima de 30 a 40. En fin se quiso amedrentar a los potenciales infractores de las consecuencias a que se exponían si eran encontrados culpables de crímenes horrendos y otras acciones.

Como la respuesta a la criminalidad y la delincuencia no está en la creación de nuevas leyes ni en el endurecimiento de las penas, los feminicidios, el sicariato, los atracos y todo tipo de atentado contra la vida no se han reducido un ápice, más bien se han incrementado después que se modificó el Código Procesal Penal. (Resultaría hasta de lo más interesante establecer los índices de criminalidad antes y después de la modificación de un instrumento cuya aplicación resultaba incómoda para acabar con una cultura de abusos, que tiene en el autoritarismo uno de sus principales componentes).

Ante la misma inseguridad ciudadana ahora se plantea como alternativa otro proyecto entonado por otro coro: la reforma de la Policía. Una Policía más profesionalizada e institucionalizada es más que necesaria, pero ha de tenerse en cuenta que la lucha contra la delincuencia no es un problema de nuevas leyes, ni de una nueva Policía, sino de que el Estado y el mismo cuerpo cumplan con sus funciones. De hecho, en materia de leyes este país no puede estar mejor abastecido. Pero son leyes que en la mayoría de los casos ni se aplican ni se cumplen.

Con los recursos de que dispone, la Policía no tiene que esperar una reforma para cumplir con sus responsabilidades, por supuesto en la medida de sus posibilidades. Quienes promueven el modelo como respuesta tienen que preguntarse ¿de qué serviría el proyecto si no se acompaña de una radical despolitización, incluida la atadura al Poder Ejecutivo del Ministerio Público? Ahora mismo es posible que los problemas del llamado cuerpo del orden sean más de tipo administrativo que propiamente técnicos o de escasez de equipos.

Una reforma no es la panacea ni cambiará la imagen de la Policía. No deben crearse falsas expectativas. Pero además el cuerpo no es responsable ni crea esa criminalidad que sí está obligado a enfrentar. Y a pesar de todos los males debe reconocerse que en las condiciones en que trabajan y los salarios que reciben esos agentes que se juegan la vida en la calle, la Policía es todavía una entidad sana, al no malearse en su totalidad.