El Consejo del Poder Judicial (CPJ) destituyó a tres jueces por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones, que incluye violar los principios de conciencia funcional e institucional, honestidad, legalidad y prudencia, con lo cual el Poder Judicial aplica el régimen de consecuencias contra magistrados venales.

Esos jueces fueron acusados en noviembre de 2015 por el Ministerio Publico de cobrar altas sumas de dinero para favorecer a imputados en casos graves con sentencias benignas, por lo que el CPJ decretó su separación definitiva de la judicatura.

Tan grave es el fardo de acusación levantado contra los magistrados destituidos, que el expediente ha sido remitido al Procurador General de la República para fines de un posible sometimiento penal, durante el cual tendrían oportunidad de demostrar inocencia en calidad de imputados.

Una sociedad consternada e indignada por casos de inobservancia, descuido y hechos contrarios a la ética atribuidos a jueces penales y de otras jurisdicciones, reacciona con beneplácito cada vez que el Consejo del Poder Judicial juzga y sanciona a los infractores.

La Justicia requiere de urgente y drástico remedio contra la prevaricación que la agobia desde hace tiempo, siendo la mejor medicina la destitución de jueces contra quienes en juicio libre, oral y contradictorio se demuestre que incurrieron en faltas graves.

Una sociedad no podría avanzar en dirección al estado de derecho y de seguridad jurídica, si los encargados de administrar e impartir justicia incurren en venalidad o se asocian para instalar un mercado de venta o alquiler de sentencia.

La misma medicina de la sanción debe estar disponible para los miembros del Ministerio Público, algunos de los cuales han sido sometidos a la justicia bajo la acusación de recibir o exigir sobornos a justiciables acusados por la comisión de crímenes o delitos.

Sin importar nombres o apellidos, todos los jueces y fiscales deberían estar claramente advertidos de que cualquier falta o inobservancia contraria a la ética, honestidad, decencia o a cualquier previsión penal, tendrá un régimen de consecuencias que incluye su destitución y procesamiento penal.