Nunca, como ahora, las instituciones dominicanas habían sido tan irrespetadas y degradadas. Observamos un verdadero retroceso institucional, a pesar de que la palabra modernidad está a flor de labios del presidente de la República.

En República Dominicana hay profesionales que les adornan prendas éticas y antecedentes intelectuales, pero el grueso de las instituciones son dirigidas por personajes carentes del perfil requerido. Nadie en su sano juicio puede pensar que Radhamés Jiménez es el abogado más idóneo para ocupar la Procuraduría General de la República.

Todavía la vergüenza es mayor cuando vienen comisiones de organismos internacionales y sus miembros se enteran que el senador Félix Bautista, de imagen pública desfavorable, es el político de mayor influencia en el gobierno. Regularmente no lo creen.

Se le pone la tapa al pomo al colocar al licenciado Roberto Rosario como presidente de la Junta Central Electoral, un abogado que no tiene la reputación, el equilibrio y el prestigio profesional que demanda esa posición. Pero quienes lo designaron en el cargo sabían lo que buscaban: una persona que responda a sus intereses y sea capaz de cualquier cosa.

¡Ahí lo tienen!

Pero en ese juego pueden provocar un desorden mayor, con el estímulo a la violación a la Ley Electoral. La JCE es un organismo colegiado y el presidente sólo puede representarse él. No puede hablar ni actuar en nombre de la junta sin el concurso y la aprobación de los demás miembros.

Además, la ley electoral es clara al exigir consenso de los partidos políticos para la designación de una serie de funcionarios de la JCE, entre los cuales está el director del Centro de Cómputos. Pongamos cada cosa en su lugar y no estimulemos el relajo institucional.