El reciente Golpe de Estado militar en Honduras revela que el proceso democrático en América Latina continúa bajo severas amenazas, a pesar de los grandes sacrificios de los pueblos.

La excusa para derrocar al gobierno del presidente Manuel Zelaya trata de fundamentarse en que ese dirigente pretendiera realizar una consulta popular para modificar la Constitución de modo que le permitiera reelegirse en noviembre, a lo que se opuso el jefe de las Fuerzas Armadas. Zelaya lo destituyó al darse cuenta de que se trataba de una conspiración, posiblemente estimulada por sectores contrarios a la tendencia del gobierno de hacer coro con presidentes auspiciadores de reformas en beneficio de sus pueblos.

Ese Golpe de Estado, además de funesto, replantea de nuevo la azarosa historia de los gobiernos de facto que existieron en el siglo pasado, cuando gorilas disfrazados de militares dieron al traste con gobierno constitucionales electos por la vía democrática, como sucedió con el de Juan Bosch en 1963. Ese Golpe de Estado fue el causante directo de una guerrilla en defensa del retorno a la constitucionalidad, auspiciada por la Agrupación Política 14 de Junio, cuyo líder Manolo Tavárez fue fusilado junto a la mayoría de los combatientes. Otra consecuencia fue la guerra civil y la posterior intervención militar norteamericana en nuestro país.

Luego se inició una cacería contra los combatientes constitucionalistas que se habían enfrentado a los invasores, hasta que en 1966 surgió la dictadura ilustrada de Joaquin Balaguer. Los que vivimos esos períodos somos testigos de cómo fueron vulnerados los derechos ciudadanos.

Esta simple pincelada demuestra que las consecuencias de un Golpe de Estado obstaculizan el proceso democrático impulsado por los pueblos.

El Golpe de Estado en Honduras, rechazado a unanimidad por América Latina, la OEA y otros gobiernos fuera de nuestro Continente, también es factor de preocupación en Estados Unidos, donde Barack Obama expresó su enérgica condena.

La crisis de la democracia en Honduras podría ser aprovechada por la comunidad internacional a fin de aplicar sanciones a los golpistas, que ahora tratan de disfrazar su acción valiéndose de un Congreso que trata de darle apariencia de legalidad a tan repudiable Golpe.