La magistrada y hoy procuradora Miriam Germán Brito, representa la independencia judicial y el deseo de “institucionalizar la democracia” cuya garantía es su no filiación política.

El cargo goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa (art. #170 de la Constitución), por tanto el Ejecutivo no puede influir en sus decisiones, ¿pero realmente sucede así? Es preciso reconocer que semejante representación en la procuradora Germán Brito anima a la práctica de que no es así, pero hay especulaciones de envergadura que desvelan dudas de la cohesión para que sus decisiones sean conocidas rigurosamente, con su propia autenticidad de no estar al servicio de la política.

La crítica se ve deducida en la ya visible resistencia victoriosa hasta ahora del núcleo más duro de amigos de Danilo con querella que le imputa delitos graves, pero engavetada (querella de P. Ciudadana, Fundación Masada y Santiago Somos Todos); las visitas sorpresa que según la Presidencia alcanza $61 mil millones, desfalco sin precedentes al Estado bajo el manto de préstamos a bajas tasas, pero con intenciones políticas continuistas; Catalina (sobreprecios: Medina solicitó rebaja de US$300 millones, sobornos codificados, consorciados de Odebrecht); asimismo el caso Medusa y la relación contractual con el ministro de la Presidencia para la construcción de la cárcel de Las Parras y no investigada, todo esto hace entrever que se desvanece el propósito.

Los juicios se han ralentizado, apenas 4 en un año con pruebas iniciales muy sólidas, pero con dificultades para obtener pruebas más concluyentes, con mayor contenido (auditorías, indagaciones bancarias en paraísos fiscales, testaferratos, entre otros) nos permite pensar que aún lucen no sustanciosas.

El Gobierno ha dado un paso adelante escoltando al MP al constituirse en actor civil en el reclamo de lo sustraído mediante contrato con abogados, pero si un juez dictare variación en las medidas de coerción de los cargos, ¿pulverizarían la intención?.

Por: Manuel Fermín

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