Las ternas para elegir los miembros del Defensor del Pueblo y de la Cámara de Cuentas constituyen un reto para el Senado, porque sin importar su integridad hay muchas personas con vínculos recientes con partidos políticos.
La barrera que se impuso el cuerpo legislativo cuando la elección de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), a pesar de que legalmente había más flexibilidad, se supone que no puede obviarse en el caso de las dos entidades.
Entre los seleccionados hay personas con muchos méritos para desempeñar las funciones con la mayor responsabilidad e independencia. La trayectoria política, la ideología ni ningún vínculo partidario deberían ser obstáculos para su elección, pero el Senado erigió una barrera con el caso de la JCE.
Recurrió a todos los pretextos para complacer al Gobierno con la elección de los actuales miembros del órgano electoral y descartar, por su condición de dirigente del PRM, sin importar la licencia partidaria que tomó, al exmiembro Eddy Olivares.
Hay que consignar que la de Román Jáquez y demás miembros de la JCE fue una elección acertada. De saltar ahora en la elección de los miembros del Defensor del Pueblo los obstáculos que se había impuesto en el caso de la JCE, el Senado tendrá que justificarse o asumir su papelazo.
En las ternas hay personas con méritos personales y profesionales que sería deplorable privarlos de servirle a la nación desde Defensoria del Pueblo y la Cámara de Cuentas solo por su pasado partidario o sus ideas políticas.

