La mayoría de los escándalos de corrupción que avergüenzan a los poderes públicos ocurren por falta de efectivos controles o por negligencia e inobservancia en aplicarlos oportunamente, lo que hace pensar que el Estado carece de cultura o estructura de prevención de riesgos administrativos.

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial resultan los primeros sorprendidos cuando se destapan casos de corrupción, prevaricación o cohecho imputados a funcionarios, legisladores, jueces o fiscales, en todos los cuales se procede tardíamente a colocar candado después del robo.

A pesar de que están vigentes y viables códigos, leyes, decretos, normativas y ordenanzas que apuntan hacia la transparencia y prevención de corrupción, es siempre mucho después que se perpetran las acciones ilícitas cuando las autoridades despiertan.

Por ausencia de políticas de administración de riesgos, el ensamblaje jurídico anticorrupción se vuelve inoperante, razón por la cual afloran escándalos como la venta irregular de un barrio, la comercialización fraudulenta de terrenos del CEA, sobornos de Odebrecht o asesinato por encargo en la Omsa, entre otras infracciones criminales.

El Estado y el Gobierno disponen de una Cámara de Cuentas, Contraloría General, Dirección de Contrataciones Públicas y otras entidades similares, que estarían en condiciones de prevenir o desvelar a tiempo cualquier irregularidad administrativa, pero sus iniciativas o recomendaciones, si las formulan, se vuelven letra muerta.

Aquí existe una estructura judicial y un Ministerio Público en condiciones de garantizar un efectivo régimen de consecuencias que permita aplicar la ley penal contra cualquier servidor público que incurra en prevaricación, pero casi todas las investigaciones y procesos judiciales se diluyen raídos por la influencia y privilegios políticos o corporativos.

Empresas y corporaciones mitigan sus pérdidas operativas mediante la aplicación de un efectivo sistema de prevención y administración de riesgos, que incluyen aquellos que afectan su andamiaje reputacional. El Estado y el Gobierno deberían copiar ese proceder si de verdad tienen voluntad política de afrontar la prevaricación.

La sociedad dominicana reclama y merece que Gobierno, Justicia, Altas Cortes y Ministerio Público asuman su compromiso y obligación de efectivos controles de mitigación de riesgos de corrupción, así como de imponer un irreductible régimen de consecuencias basado en la ley contra cualquier prevaricador, sea quien sea.