El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez atribuyó a rumores de que el organismo haya anulado las actas de nacimientos o cédulas de 22,673 hijos de extranjeras nacidos en la República Dominicana.

En su comparecencia en el pleno de la Cámara Alta, el titular del organismo comicial empero conformó que si la JCE ha suspendido 4,338 actas del Estado Civil, de las cuales 1,088 corresponden a casos de madres extranjeras carentes de documentación legal. Pero que los tribunales deberán proceder a anular o validar las mismas.

El titular del Senado, Reinaldo Pared Pérez, presentó a Rosario Márquez, quien inició una exposición previa a las 4:15 y concluyó 45 minutos después, sometiéndose a seguida a las preguntas de los senadores.

El bombardeo de preguntas de senadores y las respuestas de Rosario Márquez concluyó a las 7:34 de la noche, tres horas después y Pared Pérez, resaltó y valoró el trabajo de saneamiento de la JCE.

Rosario Márquez dijo que compareció ante el hemiciclo del Senado acogiendo y cumpliendo los que establecen los artículos 93 y 94 de la Constitución, que refiere la citación, invitación y la interpelación, de funcionarios del Estado, y atendiendo a la resolución aprobada cuyo autor fue el senador por Espaillat, José Rafael Vargas.

Hay muchos rumores, una falsa sobre todo esto, pues la Junta no ha suspendido, anulado ni desnaturalizado a esas 22,673 personas. A la fecha el tribunal no tiene constancia de que en sus instalaciones se fuera a solicitar la expedición de actas de nacimientos y que las mismas se hayan negado alegando asuntos de ascendencia haitiana ni de ningún otro tipo de nacionalidad, precisó el titular de la JCE.

Agregó que eso rumores y falsa que conllevó a que el país fuera sentado en el banquillo de los acusados en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en Washington, cuya mentira fin por objetivo destruir la imagen de la República Dominicana y la JCE.

Señaló que el 13 de marzo del año pasado, 48 ciudadanos fueron a la Washington, dirigidos por Rafael Antuán, quien dijo ha votado en tres elecciones como dominicanos, y que fue a Washington para buscar una condena para el país con un rumor y una mentira.

Rosario Márquez, pidió al presidente del Senado, Pared Pérez su anuencia para mostrar la opinión de personalidades internacionales sobre el organismo comicial, pero por fallas técnicas y esperar cinco minutos, debió desistir de presentar las imágenes.

Dijo que el único tribunal colegiado donde sus colegas salen a denigrar el organismo y a sus compañeros por los medios de comunicación, lo que dijo es grave, porque esas personas, refiriéndose a Aquino y a Eddy Olivares, de no respetar la voluntad de la mayoría.

Rosario Márquez subrayó que la JCE ha convertido su práctica administrativa en un medio de exportación, porque antes había que asistirlo y hoy es objeto de referencia para procesos electorales, y ha asistido a los proceso electorales presidenciales de El Salvador, Guatemala, Paraguay, y Ecuador.

Hoy la JCE hoy no es motivo de preocupación sino de respeto, admiración y consultas, precisó.

Esta invitación se produce en un momento en que varias organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, personas que dicen ser afectadas por acciones de la JCE, y medios de comunicación han puesto en la agenda pública temas vinculados a las políticas públicas registrales, y a supuesta desnacionalización de personas que alegan ser dominicanos, o que siendo dominicanos, dicen haber sido desposeídos de la nacionalidad.

Dice que esas personas e instituciones alegan que la JCE ha interpretado de manera equivocada con respeto a la inscripción en los registros a las personas de origen de nacionalidad haitianas.

Al día de hoy no hemos tomado ni una decisión que no esté amparada en la ley, que no se corresponda en los principios, sostuvo el presidente de la JCE.

4,338 actas suspendidas

Rosario manifestó que mediante la resolución 12 del 10 de diciembre del 2007, se suspendieron 4,338 actas, de las cuales 1,088 corresponden a hijos de madres de extranjeras no residentes, pero que esos documentos se enviaron primero al Jugado de Primera Instancia para que determine si se anulan o validan.

Explicó que la JCE ha cancelado 41,015 cédulas, otras 41,605 canceló a dominicanos, y 410 canceladas por intentar ser dominicano, aduciendo que mientras esté en la JCE no promoverá la ilegalidad, y que se dará un trato igualitario a cualquier extranjero.

Significó que el proponente de esa resolución fue el coordinador de las Oficialías Civiles, José Ángel Aquino, que recomendó la suspensión y que el pleno aprobó a unanimidad.

Rosario indicó que Aquino en una comunicación expresó que los expedientes no existen y que lo hizo fue un inventario de esos casos, pero que no tiene ni un expediente, eso no son casos, es un invento del magistrado Aquino y todos los que han puesto a circular el rumor.

Rosario recalcó que Yo no sé si esa lista es de 22 mil, tres mil o 40 personas, pero la JCE no ha suspendido, anulado ni ha negado actas a 22 mil ciudadanos bajo el concepto de ascendencia haitiana. Eso no es verdad.

Pidió a esas personas que dicen se les ha anulado sus documentos a llevar constancia a la JCE que él iniciará un proceso de investigación.

Necesitamos hacer uso de las leyes que nos hemos dado. No puede haber una salida que no sea dentro del marco de la Constitución y las leyes, precisó.

Indicó que los que extranjeros incoaron un proceso ante el Tribunal Constitucional sobre su estatus, y que el fallo emita será una decisión que acatará la JCE como una disposición de Dios.

El senador Vargas, autor de la resolución que invitó al hemiciclo a Rosario Márquez, también planeó al pleno que se invite al director de Migración, José Ricardo Taveras, porque actualmente hay más de 22 mil ciudadanos apátridas.

Reveló que la señora Carmen Féliz Corniell, fallecida el 12 de febrero de 1995, su cédula fue suplantada por una persona de origen haitiana, y se han inscrito 18 con el mismo nombre.

Irregularidad

Se ha detectado que Oficiales Civil han cometido irregularidades con personas extranjeras, inscribiéndolos en los registros, además jóvenes peloteros que querían firmar y estaban pasados de edad, y otras que falsifican documentos.

Señaló que oficiales civiles y empleados han sido sometidos a la justicia y son procesados por cometer irregularidad en la inscripción de extranjeros y dominicanos, por adulterar y falsificar documentos para favorecer a tercero.

Subrayó que no habrá solución en la expedición de documentos hasta que no se solucionen las 500 mil personas que no tienen cédulas ni registro civil.

No privatizará Cédula

El presidente de la JCE anotó que mientras esté al frente del tribunal comicial no permitirá que se privatice la emisión de cédula, como les han planteado.

Miembros y funcionarios JCE

Acompañaron al presidente de la JCE los miembros del organismo electoral César Feliz Feliz, Rosario Graciano, así como los funcionarios Hilario Piñeira, Dolores Fernández, Américo Rodríguez, Luis Mariano Matos, Juan Bautista Tavárez, Alexis D. Garabito y Félix Reina.

Además, Rosa Lidia Lara, Diómedes Ogando, Nicolás Reyes, Daniel Joseph, Franklin Frías, Brigida Sabino, Jorge M. Valdez, Ramón Urbáez Mancebo y Herminio Guzmán Caputo, Carolina Peña, Jesús Mena, General Napoleón Terrero, Luis Santana, Pavel Rivas, Mario Núñez, Rafael Terrero, Juan Eligio Almonte, Miguel Peralta y Well Sepúlveda.

Propuestas JCE

En su intervención, Rosario Márquez propuso al pleno senatorial valorar la posibilidad de adoptar una acción legislativa que respalde la iniciativa del presidente Danilo Medina, de que el Poder Ejecutivo facilite u otorgue todas las facilidades al gobierno de Haití, para que esa nación documente a sus ciudadanos, como parte de la política de documentación que se desarrolle en esa nación con los auspicios de la OEA.

Además planteó que en sus atribuciones, como órgano de control, verifique la ejecución de las disposiciones contenidas en la ley 285, de Migración, y su reglamento de aplicación, para implementar a la mayor brevedad el Plan Nacional de Regulación, para que todas las personas que habitan en esta parte de la isla, sin documentos, si aplican puedan regularizar su estatus, y adquieran la vocación de residencia, visa de trabajo y naturalización.

Esta solicitud descomprimiría y disminuiría los intentos permanentes de la población indocumentada, de acceder por cualquier vía, a los documentos que otorga la JCE, no obstante las previsiones constitucionales, leyes adjetivas y jurisprudencia que impiden la entrega de los mismo.

Pidió además que en un marco del Consejo Nacional de Migración, que establece la ley 285, se verifique la posibilidad de estudiar los expedientes o situaciones que pudieran afectar a personas que no cumplan con los requisitos establecidos en la ley 6125-1962; la ley 659-1944; el artículo 64 del Código para la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, ley 136-06, y estudiar las previsiones de la Ley de Migración 285; una vez se determine cuales personas pueden ajustarse a las características de casos especiales, que permitan soluciones en el marco de las leyes dominicanas.

Propuso que se promueva el establecimiento de un registro extranjeros con la asignación de un número único de identificación, no de identidad. Que permitiría a todos los ciudadanos extranjeros que ingresen o se encuentren en el suelo dominicano, a través de la captura de sus datos biométricos, sin que esta asignación implique una definición de su estatus migratorio en el país, que funcionaría como una identificación permanente de la persona a quien se le asigne el número, sin importar cuantas veces ingrese al territorio, lo que abonaría a la seguridad ciudadana y al control migratorio.

También solicitó al Senado aprobar el proyecto de Código Civil, que cursa en el Congreso Nacional, y planteó que se apruebe la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que contiene diversas disposiciones que reglamentan la documentación que registra los derechos de nacionalidad y ciudadanía de las personas que habitan en el país, básicamente la cédula y el registro electoral, en varios aspectos que impactan las políticas registrales y de identidad.