El Gobierno está gastando más de mil millones de pesos en la ejecución del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, cuyo mayor impacto lo representan los indocumentados haitianos.

Y la mayor gravitación de ese gasto ha recaído en el presupuesto del Ministerio de Interior y Policía, muchos de cuyos programas han tenido que ser disminuidos para atender la regularización de una masa poblacional que no lo agradecerá, ni individual ni colectivamente. Mucho menos como país.

Es seguro que nadie en Interior y Policía admitirá -quizá hasta lo nieguen-, que como consecuencia de dicho Plan, ese organismo ha tenido que suspender, o reducir al mínimo, una serie de iniciativas en barrios de la capital y de otras ciudades .

Muchos de esos programas tienen una relevancia significativa en la lucha contra la delincuencia, ya que inciden en la formación social de jóvenes mediante su involucramiento en acciones que contribuyen a sacarlos de las calles.

Estas acciones forman parte de la responsabilidad del Gobierno, no así sacarle las castañas del fuego a una comunidad internacional que asumió con Haití un compromiso de asistencia .

Este es el único país del planeta que se embarca en la normalización del estatus migratorio de miles de indocumentados y lo hace sin cobrar un peso.

Uno de los ejemplos más cercanos lo tenemos en Estados Unidos, donde se estima que, en caso de aprobarse una reforma inmigratoria, cada candidato a la regularización tendría que desembolsar varios miles de dólares.

En la anterior amnistía de 1985 mediante la ley conocida como Simpson-Rodino, los beneficiarios tuvieron que costear la legalización, y en otros muchos países, tanto europeos como latinoamericanos, donde se han llevado a cabo regularizaciones masivas, los sujetos de su aplicación han tenido que costear el proceso.

Pero el Gobierno dominicano, en aras de quitarle municiones a la dichosa comunidad internacional, prefirió sufragar el proceso, y lo ha hecho afectando las precarias finanzas de instituciones estatales como ya señalé, mientras las autoridades haitianas «se echan fresco» en Puerto Príncipe, al acecho -como fieras en las noches-, de cualquier incidente para venir sobre nosotros, no de frente, pues es una colectividad ladina, sino a través de asociados.

La condescendencia de la administración dominicana ha alcanzado matices de sacrificio; y lo ha hecho para evitar proporcionar pretextos para que nos ataquen, algo que, de todos modos, será inevitable a menos de que se acceda a las pretensiones de que prorrogue el plazo de vigencia del Plan de Regularización, cuyo vencimiento, se supone, ocurrirá el 17 de este mes.