El nuevo presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Julio César Castaños Guzmán, ha prometido que esa institución custodiará la seguridad jurídica del origen de la familia dominicana, para que la nacionalidad no se diluya y desmorone por falta de celo legal en su otorgamiento.

Es ese un compromiso trascendente, sagrado, que debe ser asumido con gran fervor por los demás integrantes de la JCE, cuya obligación primigenia es la de asumir la custodia, defensa y preservación del Registro Civil, esencia misma del gentilicio dominicano.

La nación dominicana la constituyen todos sus ciudadanos con derecho y atributos como nombre, domicilio, estado civil y otros datos relacionados con la personalidad que son asentados en el Registro Civil, desde el nacimiento hasta el fallecimiento.

De la garantía absoluta referente a la sanidad de esos archivos sobre el estado de los individuos, depende también la legitimidad de la cédula de identidad y electoral, que a su vez constituye el documento esencial mediante el cual el ciudadano se identifica como dominicano con derecho a ejercer el sufragio y a ser elegido.

No pocas veces se ha intentado permear el Registro Civil, no solo con la perversa intención de acometer fraude electoral, sino también con el vil propósito de degradar el propio estamento jurídico de la nacionalidad dominicana.

Es por eso que se definen como valiosas y oportunas las declaraciones del nuevo titular de la JCE, de que su gestión garantiza la custodia y seguridad de las fuentes jurídicas y legales que legitiman los principios de nacionalidad y ciudadanía.

El Registro Civil y la Cédula de Identidad y Electoral han de tener vínculos indisolubles, por lo que se colige que de la preservación jurídica de la nacionalidad se desprende también la seguridad de que en 2020 se celebren elecciones libres, limpias y concurridas, porque ambos derechos se corresponden con democracia, nacionalidad y soberanía.

La Constitución de la República, las sentencias de control constitucional, las jurisprudencias de la Suprema Corte y la doctrina jurídico-política conforman la base esencial de la nacionalidad dominicana, pero su origen legal radica en la sanidad y fortaleza del Registro Civil, cuya integridad debe preservar y defender la Junta Central Electoral.