El Día del Poder Judicial, que se conmemoró ayer, fue ocasión propicia para que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, contara a la nación las vicisitudes que ha padecido ese Poder del Estado a consecuencia del coronavirus, de cuyos terribles efectos ha logrado sobrevivir.

Los sistemas de justicia figuran entre las instituciones más golpeadas por los efectos de la pandemia, lo que en muchos países derivó en denegación de justicia por la imposibilidad de celebrar audiencias presenciales o de garantizar derecho al debido proceso.

El magistrado Molina admite que el orden judicial estuvo en riesgo de colapso debido al obligado confinamiento pandémico, que conllevó al cierre total de los tribunales en Italia y a la suspensión de procedimientos no esenciales en la Corte de Casación de Francia y a la suspensión de audiencias presenciales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.

Aunque incomprendido o rechazado por el Colegio de Abogados, la Suprema Corte y el Consejo del Poder Judicial aplicaron un sistema de emergencia basado en soportes digitales que permitió la celebración de audiencias virtuales y el empleo del teletrabajo para otras diligencias judiciales.

Se admite que la mejor manera de garantizar sana administración de justicia será siempre mediante la tradicional participación de forma presencial en los tribunales de la República de los intervinientes en una litis judicial bajo la dirección de los jueces.

Con las precariedades propias de un estado de emergencia sanitaria, el Servicio Judicial pudo operar amparado en una combinación de plataformas virtuales y modalidades presenciales, lo que permitió a la Suprema Corte de Justicia fallar miles de casos durante el periodo pandémico.

La supervivencia del sistema de justicia a los embates de una pandemia que ha tenido grave afectación sobre otros muchos regímenes judiciales a nivel mundial, debería resaltarse como una proeza, más aun si se asume que el Poder Judicial no ha recibido recursos adicionales del Poder Ejecutivo durante el periodo de excepción.

A lo que se aspira en 2021 es a que el Poder Judicial se encarrile por sendero de independencia, autonomía, modernidad, amplitud, inclusión, capacitación en el propósito único y esencial de garantizar sana y diligente justicia, sin privilegio, discriminación, favor o temor.