POR: Hugo A. Ysalguez
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El actual Código Procesal Penal, eliminó las figuras jurídicas de la declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, que estaba consagrada en el artículo 398 y siguientes del antiguo estatuto de procedimiento criminal, situación que originó que la Suprema Corte de Justicia adoptara decisiones para corregir ese vacío.
En la antigua normativa procesal, la declinatoria por seguridad pública en materia criminal, correccional o de simple policía sólo podría ser formulada a requerimiento del Ministerio Público. La Suprema ha ampliado el ámbito de los funcionarios y personas que pueden formular tal solicitud. Se recuerda el llamado caso “Paya”, de la provincia Peravia, Baní, donde fueron acribillados varios hombres vinculados a un escandaloso expediente de tráfico de drogas, en el cual estaban involucrados varios oficinales de la entonces Marina de Guerra. El mismo fue declinado al Distrito Nacional.
La declinatoria más reciente se produjo esta semana, cuando la Suprema ordenó trasladar a la capital un grueso expediente de Higüey, que implica a 43 personas, entre ellos 28 oficiales de diferentes organismos castrenses, vinculados a una red internacional de tráfico de drogas.
La instancia de solicitud de declinatoria fue hecha a requerimiento del Juez de la Instrucción de la provincia La Altagracia, atribución que no está contenida en ningún texto legal, pero la Suprema entiende que responde al interés de una buena y sana administración de justicia, en atención a los valores superiores del ordenamiento constitucional.
Asimismo, el máximo tribunal de justicia del país estableció que es facultad del Ministerio Público, o una de las partes ligadas a un proceso penal, solicitar la declinatoria en los casos en los cuales la seguridad pública se encuentra amenazada.
El Nacional
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