El primer año que cumplirá en el poder el presidente Luis Abinader se puede abordar desde distintos ángulos. Cualquier análisis tendría que partir de las difíciles condiciones económicas, jamás vistas en la historia, en que Abinader asumió las riendas del Estado.

La crisis generada por el coronavirus, que aisló el planeta, no solo impactó en la salud, cobrando a la fecha más de cuatro mil vidas, sino en las actividades productivas. En esas circunstancias el nuevo Gobierno tenía que definir, como en efecto definió, un orden de prioridades para combatir la pandemia y recuperar la economía.

No está de más reconocer que el sentido de la prioridad que caracteriza a los buenos gobernantes, ha estado acompañado de la inversión en sectores tan fundamentales como la educación y la seguridad.

La urgencia con que Abinader ha tenido que actuar en estos primeros 12 meses ha relegado a un segundo plano una de las reformas que ha marcado un antes y un después, que podría ser su principal aporte de no torcer el rumbo que ha trillado.

Se trata del proceso para erradicar el paternalismo y el autoritarismo del ejercicio del poder para dar paso al rescate y consolidación del sistema institucional. El mandatario ha evidenciado que su interés no es ser un estadista, autócrata ni mano suelta, sino administrar los recursos públicos con sentido de justicia y regirse por el imperio de las leyes.

Con la anarquía que tradicionalmente ha imperado en el país, en que la impunidad y el tráfico de influencia adquirieron cartas de ciudadanía, puede ser la primera vez en muchos años en que se ha lidiado con el clientelismo, la corrupción y otras lacras que han caracterizado a los gobiernos en República Dominicana.

Sin recursos, como no sea los obtenidos a través del siempre odioso endeudamiento, y con la presión de una masa que quería cambio, pero también empleo y venganza, el Gobierno ha tenido que hilar tan fino como caminar sobre un saco de faquir o el filo de una navaja.

La lucha contra el covid no podía demorarse, sin importar el precio que se tuviera que pagar, pero tampoco la consolidación del sistema institucional que tanto se necesita y se ha demandado como paso sine qua non para el desarrollo económico y social.

La fragilidad institucional está entre los factores que más han incidido en la inseguridad ciudadana y la ola de violencia que ha sacudido a la nación. En estos primeros 12 meses, Abinader no ha improvisado, sino demostrado que eligió el camino más adecuado para conducir la nave del Estado en medio de una atmósfera hostil. Aunque el proceso es largo, con los resultados obtenidos, que auguran un futuro promisorio, el gobernante ha pasado con buenas notas la prueba de su primer año.