El director de Migración afirmó que esa entidad aplicará una gradualidad concertada a la puesta en vigencia del reglamento de la Ley de Migración, debido a su interés en que los sectores productivos que utilizan mano de obra extranjera ilegal, particularmente haitiana, no sean afectados.

El doctor José Ricardo Taveras dijo que esa es la razón por la cual se han reunido con directivos de la Junta Agroempesarial Dominicana, la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo, la Asociación Nacional de Empresas Inmobiliarias y la Asociación de Industrias con el objetivo de consensuar la aplicación del reglamento de la Ley de Migración.

Afirmó que la aplicación de la legislación implica un cambio radical de actitud de esos sectores debido a que implica no sólo mejorar las condiciones de trabajo y calidad de vida de los trabajadores inmigrantes, sino también un costo que no es a esas empresas a las que la ley dice deben asumirlo, pero debido a las precariedades institucionales de Haití han debido hacerlo.

Tavera explicó que empresas como las bananeras han visto que la regularización del estatus migratorio de sus trabajadores les renta beneficios adicionales como es el ingreso de sus productos a un mercado preferencial como el de la Unión Europea, donde los grupos de la sociedad civil reclaman bienes y servicios producidos con trabajo digno.

Al participar como invitado al almuerzo semanal de los medios de comunicación del Grupo Corripio, donde estuvo acompañado de la doctora Yvonne Aguasvivas y el licenciado Ambiorix Rosario, subdirectores de la entidad, el director de Migración se quejó de la comunidad internacional que no ha sido capaz ni siquiera de ayudar a Haití a reconstruir en forma mínima ese país tras al terremoto, exija a la República Dominicana aplicar normas asumiendo costos que corresponden al Estado haitiano.

Citó al respecto el caso de los pasaportes emitidos por el Estado haitiano, los cuales no se hacen en Haití sino en Washington debido a que la oficina de pasaportes fue destruida por el terremoto.

Esto ha implicado, citó, que una empresa que ha solicitado y pagado la regularización de más de 500 trabajadores haitianos, sólo haya recibido 195 pasaportes en un año.

Por eso hemos comenzado a aplicar el reglamento en forma gradual y concertada, porque nuestro interés no es perseguir a nadie, sino que se cumplan las leyes como ocurre en todos los países con problemas similares a los nuestros, dijo.

Taveras argumento que el reglamento de migración dominicano ha sido elogiado por organismos internacionales y regionales y tomado como ejemplo en otros países, pero su aplicación tiene escollos que comienzan en Haití, donde es difícil incluso obtener documentos básicos como actas de nacimiento, pasaportes y otros.

Eso no quiere decir que el reglamento y la ley de Migración sólo es aplicable a los haitianos, sino a personas provenientes de diversos países que aprovechan la situación geográfica del país para tratar de llegar en forma ilegal a Estados Unidos y Canadá.

Lo que pasa es que la presencia de los nacionales haitianos es mayoritaria y se destaca más por su participación en las principales actividades económicas de la nación, pero eso no quiere decir que no afrontemos problemas con personas provenientes de otros países, dijo.

Taveras dijo que las exigencias que se le hacen a la Dirección General de Migración no tienen correspondencia con los recursos que maneja.

Precisó que con un presupuesto de 500 millones de pesos anuales, de los cuales el 80 por ciento se gasta en cargas fijas, esa entidad no está condiciones de cumplir a cabalidad las exigencias de la sociedad dominicana. Dijo que Migración precisa de un presupuesto por lo menos cinco veces mayor al que tiene en la actualidad.

En el caso de los salarios dijo que no se le puede exigir a un inspector de la entidad que domine un segundo idioma a cabalidad cuando su salario de es apenas 13 mil pesos mensuales.

En cualquier call center una persona que domina un segundo idioma puede ganar hasta 40 mil pesos mensuales, dijo.