La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales adquirió autonomía “casi” total con el marco de la reestructuración institucional derivada de la última modificación constitucional, afirmó el ministro de Justicia, Antoliano Peralta.
Explicó que el nuevo esquema saca al Ministerio Público (MP) del manejo del sistema penitenciario, descargándolo de funciones que no le son propias y permitiéndole concentrarse exclusivamente en su rol de perseguir, investigar y litigar en los tribunales.
“La medida afianza la separación de poderes, al diferenciar con mayor claridad las competencias del órgano acusador y las funciones administrativas vinculadas al sistema penitenciario, ahora bajo la órbita del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia”, enfatizó.
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La última reforma constitucional saca al Ministerio Público del ámbito de designación directa del Poder Ejecutivo y lo coloca en manos de un órgano extrapoder y constitucional, como es el Consejo Nacional de la Magistratura; “entonces saca el sistema penitenciario de manos del Ministerio Público y lo pone en el Poder Ejecutivo”, explicó el ministro Peralta.
Para Peralta, una de las funciones primordiales del Ministerio de Justicia es la representación del Estado ante la justicia, lo que a su juicio constituye una revolución en la defensa jurídica del Estado. Aseguró que la institución le quitará carga innecesaria al MP y descargará al fiscal de funciones que no le corresponden.
“Estamos comprometidos en hacer un sistema penitenciario de solución y no de problemas”, afirmó.
Prisiones
El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, sostuvo que el modelo anterior mantenía al Ministerio Público desbordado de responsabilidades desde la década de los años 60, lo que, a su juicio, impedía una gestión adecuada del sistema carcelario.
Señaló que desde 1964, cuando fue derrocado el profesor Juan Bosch, el tema penitenciario entró en un proceso de degradación institucional hasta llegar a la actualidad, con un Ministerio de Justicia y un Servicio Penitenciario que trabajan de manera coordinada y con un compromiso común. “No son dos entidades, es una sola voluntad coordinada en el esquema de la estructura del Estado”, precisó Santana.
Dolor de cabeza regional
El sistema penitenciario se está convirtiendo en un dolor de cabeza para los gobiernos de la región, como es el caso de Ecuador, donde la gobernabilidad se ha visto comprometida por la falta de control del sistema carcelario.
Las declaraciones fueron ofrecidas por ambos funcionarios en el programa Telematutino 11, que se transmite por Telesistema, canal 11.
Precisaron que, en busca de solucionar los problemas del sistema penitenciario, se trabaja de la mano con diversas instituciones públicas y el Estado para fortalecer la rehabilitación y la reinserción social de los privados de libertad.
