POR: Hugo A. Ysalguez

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El 5 de mayo de 1987, entró en vigor en los Estados Unidos la Ley Simpson-Rodino, para regularizar la inmigración ilegal. La norma era una amnistía para legalizar a los ilegales que hubiesen vivido en ese país previamente a enero del año 1982, sujeto a una serie de requisitos.

En la actualidad, el presidente estadounidense, Barack Obama, sometió un proyecto al congreso para legalizar la el status de 11 millones de indocumentados de diferentes nacionalidades. La pieza recibió la aprobación del Senado y falta ser sancionada por la Cámara de Representantes.
La Ley Simpson-Rodino (se le llamó así por los apellidos de los senadores que introdujeron la iniciativa), puede ser un referente, aplicando el derecho comparado, para buscarle una salida humanitaria y legal a los inmigrantes haitianos que viven ilegalmente en el país. Recientemente, el obispo de la Diócesis de Barahona, monseñor Rafael Leonidas Felipe Núñez, propuso que se les otorgara la residencia legal a los indocumentados que demostraran que tenían treinta años residiendo en nuestro territorio.

Entiendo que la sentencia del Tribunal Constitucional clarifica, define y establece definitivamente el modo de adquirir la nacionalidad dominicana, es de aplicación inmediata y vinculante a todos los poderes públicos y deja por sentado que una ilegalidad no genera derechos. La sentencia deja abierto un camino para que los ilegales, de cualquier nacionalidad, puedan normalizar su situación y obtener una residencia legal y si los desean pueden optar por ser ciudadano dominicano, cumpliendo con las formalidades contenidas en la ley.

Lo que está claro, y no es objeto de ninguna discusión, es que los haitianos ilegales no son apátridas, en virtud de lo que dispone el artículo 11 de la Constitución Haitiana, que dice: “Posee la nacionalidad haitiana de origen, todo individuo nacido de un padre haitiano o de una madre haitiana quienes nacieron haitianos.