Una acción de urgencia ante organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos fue interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a favor de la Asociación de Campesinos Mamá Tingo, de Vicentillo, El Seibo.
La acción de urgencia busca que se interponga medida cautelar como forma de proteger a los campesinos que se trasladaron a pie desde El Seibo y llevan más de 15 días reclamando su retorno a la propiedad.
«Es una medida preventiva para que nada les ocurra a los campesinos al momento de regresar a su pueblo natal y a los terrenos que cultivaban por más de 40 años», dijo el presidente de la CNDH doctor Manuel María Mercedes.
Informó que iniciaran un proceso de degradación civica al general Máximon Báez Aybar, quien desalojó a los campesinos del frente del Palacio Nacional, y contra el director de la Policía, mayor general Ney Aldrín Bautista.
La acción urgente número 3/19 fue notificada al presidente Danilo Medina, al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez; a la procuradora fiscal titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Danissa Cruz; al ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul; al director de la Policía, mayor general Ney Aldrín Bautista Almonte; al subdirector de la Policía, general Neivi Luis Pérez Sánchez; a la Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante.
También a la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos, al Senado de la República, al presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Fidel Santana; al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein; al presidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos Dimitiris Christopoulos; y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Marlene Alejos; y Amnistía International
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) sostiene que la lucha de los campesinos de San Francisco Vicentillo, La Culebra, de El Seibo, por la tenencia de la tierra comenzó en 1975, hace exactamente 44 años, con el decreto 486 de 1975, emitido por el presidente Joaquín Balaguer, declarando de utilidad pública los terrenos, debido a que los campesinos los venían trabajando por generaciones.
Indica que sin embargo esa lucha se agudizó a partir de junio de 2016 cuando el Instituto Agrario Dominicano (IAD) terminó de medir y asentar a los campesinos en sus respectivas parcelas.
Lamentablemente el IAD no otorgó los títulos de propiedad, lo que dio paso a las pretensiones sobre esas tierras de un terrateniente que los campesinos identifican como Pedro Guillermo Varona (El Cubano).
Esas pretensiones le han costado a los campesinos de esa zona de El Seibo y a Silvio Molina, pastor y vocero de la Asociación de Trabajadores Agropecuarios Mamá Tingó, a Audilín Ubiera, pastor y dirigente de la misma organización, así como Miguel Ángel Gullón, sacerdote dominico, director de Radio Seibo, amenazas de muerte y torturas a lo largo de los años y a los campesinos varios desalojos ilegales.
