La creación del Tribunal Constitucional fue proclamada, en su momento, como uno de los grandes aportes para fortalecer el sistema institucional. Contar con una corte para dirimir los asuntos constitucionales suponía la entrada en un nuevo orden que deslindaba, como en efecto ha sido, las funciones de los tribunales. Sin embargo, a decir de su presidente, Milton Ray Guevara, no todo ha sido color de rosas.

No ha dejado de extrañar la preocupación externada por Ray Guevara sobre el incumplimiento de algunas sentencias de la alta corte, así como la falta de medios de que carece el tribunal para hacer cumplir sus decisiones. De ser así, se está en presencia de violaciones graves a la seguridad jurídica. No puede pensarse otra cosa de un Estado donde el titular de una corte tan importante como el Tribunal Constitucional lamenta que algunos de sus fallos son ignorados.

Al exponer como panelista en un encuentro de presidentes y magistrados de tribunales, cortes y salas constitucionales de América Latina efectuado en Lima, Perú, Ray Guevara, de acuerdo con una nota distribuida por el organismo que preside, favoreció que al Constitucional se le permita imponer multas coercitivas, acordar la suspensión en sus funciones de autoridades o empleados y recabar el auxilio de la administración, entre otras penalidades.

Por la inquietud que ha causado y para una mayor edificación de la opinión pública, el presidente del Tribunal Constitucional debería dar cuenta de cada una de esas decisiones que según él no se han cumplido. Más todavía cuando él mismo reconoce que el no cumplimiento de las sentencias resta efectividad al pronunciamiento jurisdiccional y genera en los ciudadanos desconfianza hacia la institucionalidad democrática.

Lo ideal es que las sentencias se cumplan de manera voluntaria, pero conforme a la declaración de Ray Guevara no es el caso. Al abogar por una reforma como la acordada en España en 2007 y 2015, el presidente del Constitucional advirtió que el incumplimiento de sus sentencias constituye un atentado contra el poder jurisdiccional, “dejando a los tribunales como simples órganos que declaran el derecho, pero son incapaces de hacer cumplir lo decidido”.

Por la enorme trascendencia para la seguridad jurídica, la Procuraduría General de la República debería abrir una investigación sobre la preocupación externada por Ray Guevara. Que un país cuente con tribunales sin autoridad y que las sentencias se violen impunemente manda un aviso desalentador sobre la institucionalidad democrática. Y peor todavía si se legitima a través del silencio, sin conferirle mayor importancia.