-FOTODELDIA- GU4007. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 08/03/2017.- Manifestantes realizan un acto simbólico frente a la Casa Presidencial por la muerte de 30 niñas en un centro de menores, hoy, jueves 9 de marzo de 2017, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Otras ocho menores fallecieron hoy por un incendio que se registró en un centro de menores de Guatemala cuando protestaban por los abusos sexuales y físicos que sufrían, por lo que la cifra total de muertas se elevó a 30, mientras otra treintena sigue en el hospital, la mayoría en estado grave. EFE/Esteban Biba
Guatemala, (EFE).- El número de jóvenes muertas en Guatemala tras el incendio ocurrido en un centro de menores aumentó este juevse a 33, mientras que 21 permanecen ingresadas por el fuego que surgió cuando protestaban por supuestos abusos sexuales y físicos.
Once de las víctimas perdieron la vida en las últimas horas y las que siguen internadas presentan quemaduras de hasta cuarto grado, por lo que la mayoría de ellas, de entre 12 y 17 años, está en estado grave y el riesgo de mortalidad es alta.
Según las primeras pesquisas, el fuego fue originado por las mismas jóvenes en unos colchones del Hogar Virgen de la Asunción, una casa hogar administrada por el Estado y con un hacinamiento que ya había motivado múltiples denuncias.
Un joven del centro, Daniel, contó a la prensa que las chicas estaban encerradas bajo llave en un aula al momento del suceso y denunció que las autoridades tardaron mucho en reaccionar.
La casa hogar de menores, ubicada en el municipio capitalino de San José Pinula, ha estado envuelta en polémica desde el año pasado.
Al menos 47 jóvenes se fugaron entonces, lo que llevó a la Secretaría de la Presidencia encargada de la guardia y custodia a destituir en su momento al director.
En el centro, hay internados 748 menores de ambos sexos, aunque tiene capacidad para 400.
Entre ellos, además de huérfanos o víctimas de violencia, también hay algunos acusados de pertenecer a pandillas o de delitos criminales, denunciaron los familiares.
Ante lo ocurrido, el Gobierno destituyó al director, decretó tres días de luto y reconoció que la tragedia se pudo haber evitado, pero responsabilizó de ello a las autoridades judiciales por no autorizar el traslado de los menores más problemáticos a otros centros.