La ley que busca regular los salarios en el sector público, trata de dar respuesta a la percepción generalizada de que mientras hablamos de más impuestos y déficit fiscal, el Estado gasta excesivamente en salarios de funcionarios. Que la ley produzca una variación relevante en el gasto público o que los sueldos más bajos incentiven la corrupción es dudoso, lo interesante del debate es que saca a relieve la compleja naturaleza de un crecido Estado.

En República Dominicana hay distintas clases de funcionarios: los que desempeñan cargos políticos, los que administran recursos de dependencias estatales, los que regulan o supervisan mercados específicos, los que administran monopolios estatales y los que dirigen empresas del Estado establecidas en mercados competitivos. Considerar que todos deben ser medidos bajo la misma vara no tiene sentido.

En los mercados regulados, como el monetario y financiero, seguros, electricidad, telecomunicaciones, pensiones y riesgos de salud, los órganos reguladores compiten con sus regulados por los mismos empleados. Adicionalmente, se debe sopesar la enorme diferencia que para el objeto de la ley existen entre aquellas entidades estatales donde los salarios no se pagan de dinero proveniente de una asignación del Estado, sino de los resultados de la actividad que ejecutan.

El buen desempeño de esos organismos y de las empresas del dominio privado del Estado que pagan sus sueldos de lo que obtienen de su desempeño, depende enteramente de la calidad de sus recursos humanos. Debido a esto, la ley propuesta crea una desventaja competitiva en ese limitado mercado laboral.

Parte de las compañías representadas en grupos empresariales que promueven la aprobación de la ley en su actual condición, pudieran obtener beneficios directos, ya sea por reguladores como por competidores estatales debilitados a razón de esta ley, por lo que su postura resulta predecible.

Tengo serias reservas de la efectividad de la ley, ya que aún en el caso de que el ajuste pretendido se logre sin que las reducciones salariales sean compensadas por otra vía, el impacto que tendría para el gasto público sería mínimo. El shock simbólico, que es a lo único que razonablemente puede aspirar esta legislación, puede que de todos modos no sea duradero.

Pero también difiero en que recortar los sueldos pudiera incentivar a la corrupción, ya que la corrupción es más un problema de costo que de ingreso. No importa si se ganan $2 millones o $2 mil pesos, si el costo de incurrir en prácticas corruptas es cero, en ambos casos va a pasar. Con un Ministerio Público al que la Constitución deja políticamente incapacitado de perseguir a la corrupción, y una abierta tolerancia a esta no tan solo por el Estado sino también por la sociedad, el costo de incurrir en prácticas corruptas es, efectivamente, cero.

Al final, lo único que realmente importa, para el bien de todos, es saber diferenciar.