Financiar la reforma

La propuesta de modificación del artículo 61 de la Ley Núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, presentada por la Junta Central Electoral en la Mesa del Diálogo Presidencial para la Reforma Electoral, a cargo del Centro Económico y Social (CES), y, recientemente, depositada en el Senado de la República, es, sin lugar a duda, una de las propuestas más polémicas del órgano electoral.

El referido artículo 6 regula la distribución del financiamiento que reciben los partidos de manos del Estado, un tema de extremo interés para los partidos, que, como es de esperarse, provocará un profundo rechazo de parte de algunos partidos políticos, principalmente, la Fuerza del Pueblo (FP) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), los dos principales beneficiarios del actual modelo de distribución del financiamiento público.

Igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, en la República Dominicana funciona un sistema mixto de financiamiento, en el que se combinan el subsidio público y la contribución privada. Este sistema permite que los partidos puedan completar con la contribución privada los gastos de las campañas electorales, las cuales, debido a su elevado costo, no se cubren totalmente con el financiamiento público.

No obstante, en la motivación de su propuesta, el principal órgano electoral recuerda, con certeza, que “la distribución del financiamiento público, conforme a la doctrina especializada, puede ser clasificada en sentido general en cuatro: i) de manera proporcional conforme la fuerza electoral; ii) de forma proporcional conforme la representación parlamentaria; iii) de forma mixta, tomando en cuenta la fuerza electoral y una distribución equitativa entre todas las organizaciones; y iv) otra forma mixta, combinando la distribución proporcional por fuerza electoral y otra por representación parlamentaria”.

Para la JCE, el criterio empleado en la distribución del financiamiento público es notoriamente inequitativo, tomando en consideración que: 1) Un ochenta por ciento se divide en partes iguales entre los partidos que hayan obtenido más del 5 por ciento de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones; 2) Un doce por ciento entre todos los que hayan alcanzado más del uno por ciento y menos del cinco por ciento; y 3) Un ocho por ciento entre los partidos que hayan alcanzado entre cero punto cero uno por ciento y uno por ciento de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones.

Como una muestra de la inequidad de la distribución del financiamiento público, mediante el actual mecanismo, la Junta presenta en su propuesta un informe de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), que refleja que cada voto del partido más votado tiene un valor de RD$92.40, mientras que el voto del menos votado tiene el desproporcionado valor de RD$3,963.00.

Frente a la distorsión e inequidad provocada por la distribución de los fondos del financiamiento público, la JCE propone que se haga de la manera siguiente: 1) Un treinta por ciento, distribuido en partes iguales entre todos los partidos políticos, independientemente del resultado electoral, incluyendo los partidos políticos de nuevo reconocimiento. 2) Un setenta por ciento, distribuido de manera proporcional a los votos válidos obtenidos por cada partido, agrupación y movimiento político de forma individual, en los niveles de elección presidencial, senatorial, de diputaciones y municipal.

Ya la Junta hizo la propuesta, ahora le toca opinar a los partidos, de manera principal al PRM y al al PLD, por un lado, y a la FP y al PRD por el otro.