Suplidores del almuerzo y desayuno escolar protestaron frente a la sede del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para ratificar su denuncia sobre anomalías en la licitación de los comestibles y acusaron al director de esa dependencia, Víctor Castro, de mentirle al país sobre la pulcritud del proceso.
Elizabeth Berigüete, portavoz de los denunciantes, señaló que no es posible que en 6 de 8 provincias analizadas, a unos 28 oferentes les fueron adjudicados 65 lotes valorados en RD$1,608,707, sin considerar la capacidad instalada ni el número de empleados registrados en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
Expresó que tampoco el Inabie tomó en cuenta las unidades de transporte a necesitar en la logística de preparación y distribución de las raciones alimenticias, ni la cantidad de oferentes habilitados que resultaron perjudicados de esas decisiones.
“En las provincias Santiago, San Cristóbal, La Vega, Azua, La Altagracia, Puerto Plata y en las circunscripciones de Santo Domingo Norte y Oeste concursaron 902 oferentes por 461 lotes, un 49.62% de lotes menos que los adjudicados en el 2021 y un 23.18% menos de los suplidores en los periodos 2019-2021, causando la eliminación de 395 micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) y 2,370 empleos creados al 2021”, precisó Berigüete.
Sostuvo que en 8 provincias 460 lotes fueron adjudicados a 401 oferentes y uno quedó pendiente de adjudicar, resultado perjudicados 501 oferentes participantes, entre habilitados sin adjudicación, “descalificaciones improcedentes y descalificaciones justificadas”.
“Esto prueba que las evaluaciones técnicas y la distancia de los 10 kilómetros establecidos, fueron manipuladas y contaminadas al no disponer de pliegos bien elaborados, lotes bien conformados ni de criterios claros”, recalcó.
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Durante la protesta, advirtió que “se trata de una franca violación a la ley 340-a 06, amparada por funcionarios con Decretos y la no decisión oportuna de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), debido a la lentitud en conocer las impugnaciones y denuncias de irregularidades, no podrán resolverse a tiempo los conflictos”.