La revelación del sacerdote jesuita, Benigno Toribio, coordinador para Asuntos Migratorios del Grupo Juan Montalvo, de que militares cobran entre cien y 200 pesos para permitir el ingreso por la frontera de indocumentados haitianos, se agrega a otras denuncias sobre complicidad oficial en el desorden migratorio.
Toribio afirma también que personas de poder político y económico transportan “grandes cantidades de humanos desde el otro lado de la frontera”, que distribuyen en diferentes partes del país en autobuses, yipetas y motocicletas.
Tan grave denuncia se agrega a otras que no son confirmadas, desmentidas ni tampoco investigadas por las autoridades, como la señalada por la gobernadora de Dajabón sobre el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes haitianos.
El alcalde de Santiago, Abel Martínez, denuncio lo que define como “una invasión” de indocumentados a ese municipio y ha exigido a la Dirección de Migración que disponga la repatriación de los extranjeros sin papeles, reclamo que tampoco ha sido atendido.
A pesar de las insistentes quejas o denuncias, la mayoría de los hospitales públicos se mantienen abarrotados de parturientas haitianas que son ingresadas a las emergencias de esos centros por grupos mafiosos que las transportan desde distintas comunidades de Haití.
De poco ha servido el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros que aplica el Gobierno a un costo superior a los dos mil millones de pesos, porque por cada haitiano objeto de legalización, ingresan más de cinco de manera ilegal al territorio dominicano.
Si el Gobierno declina su obligación de imponer real control migratorio, pronto habrá que colocar un enorme letrero que consigne la pérdida de la nacionalidad dominicana y quién sabe si hasta la soberanía.
Lo que se reclama es que autoridades civiles y alto mando eviten que guardias, policías o empleados civiles permitan el ingreso de indocumentados a cambio de cien o 200 pesos ni por ningún precio. El desorden migratorio se ha convertido en el talón de Aquiles del Gobierno y de la nación.

